La Unión Europea reclamó este jueves al régimen de Daniel Ortega que dé marcha atrás en la decisión “injustificable” de retirar la nacionalidad a otros 94 disidentes acusados por la Fiscalía de la comisión del delito de “traición a la patria”.
En un comunicado, la diplomacia europea señala que esta decisión “constituye una violación de sus derechos fundamentales y es una violación del Derecho internacional” y tras tachar de “injustificable” este paso, avisa de que estas acciones corren el riesgo de “profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua”.
Después de que el régimen de Daniel Ortega aprobará quitarle la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, siguiendo el paso dado hace una semana cuando deportó a 222 presos políticos a Estados Unidos, la UE pide a las autoridades dar marcha atrás con esta medida, que supone estrechar aún más el cerco contra los opositores a Ortega.
“La UE hace un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que reviertan de inmediato estos pasos y cesen la persecución y las represalias contra los disidentes y los defensores de los Derechos Humanos”, insistió el comunicado.
La diplomacia comunitaria recuerda que esta medida va contra el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege “el derecho de toda persona a una nacionalidad y prohíbe su privación arbitraria”.
Los ciudadanos, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes la dictadura les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la ex guerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al ex comandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.
A los 94 afectados “se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua.
Los delitos imputados contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente ex embajador ante la OEA, Arturo McFields, el ex canciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.
Con información de Europea
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