
El principal opositor boliviano, el gobernador cruceño Luis Fernándo Camacho, cumple este sábado un mes detenido en lo que sus simpatizantes aún señalan como un “secuestro”.
“Hace un mes que nuestro líder y gobernador fue secuestrado por la dictadura Masista. Un mes de luchar por la democracia y la libertad de nuestro país”, se lee en un mensaje publicado por el equipo de comunicación de Camacho en su cuenta oficial de Facebook.
Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre en Santa Cruz mientras volvía a su domicilio en su vehículo. Luego de ser reducido por los oficiales de la policía y tras horas de desconocerse su paradero, fue trasladado a la capital, La Paz, en un cuestionado operativo.
Dadas todas estas irregularidades, rápidamente la oposición denunció los hechos como “secuestro” y salió a las calles en señal de repudio sobre lo ocurrido.

En vano, al día siguiente, un juez cautelar dispuso su detención preventiva durante cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño. Esto, sin embargo, implicó una reducción sobre los seis meses que originalmente había solicitado la Fiscalía.
A pesar de su delicado estado de salud, el juez mantuvo su decisión ya que consideró que habían posibilidades de fuga y entorpecimiento con la investigación.
Camacho está siendo investigado en el marco de la causa “golpe de Estado II”, que busca esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019. En aquel entonces, luego de unos comicios señalados de fraudulentos por la oposición, el pueblo boliviano salió a las calles para pedir transparencia, lo que derivó en la dimisión de Evo Morales de la presidencia.
Éste, sin embargo, asegura que todo se trató de un golpe de Estado ideado por Camacho, por lo que se vio obligado a tomar esa decisión.
Así, al gobernador se lo acusa de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas -otra manera de llamar a la usurpación del mando político o militar-.
La detención del cruceño desató protestas en la ciudad que, con el tiempo, se expandieron a todo el país. Inclusive, esta semana se llevaron a cabo cabildos ciudadanos en los que se demandó una reforma a la Justicia boliviana junto a una amnistía para los opositores que fueron detenidos en 2019 considerados “presos políticos”.
En ese sentido, los líderes de Santa Cruz llamaron al presidente Arce a que emita una ley de amnistía y advirtieron con impulsar un referéndum revocatorio sobre su mandato de no obtener una respuesta positiva.

Por otro lado, el gobernador cumple su primer mes tras las rejas en un momento de alta tensión tras hallarse en su celda una pequeña cámara oculta. Su defensa dio cuenta del dispositivo de “espionaje” que había sido colocado en una de las paredes donde debía instalarse un baño.
Tanto sus abogados como simpatizantes políticos de Camacho manifestaron su indignación ya que se violó su privacidad y la de su familia, dado que allí recibía las visitas conyugales de su esposa, Fátima Jordán.
Inclusive, un grupo de mujeres protestó en la mañana en las puertas de la catedral de Santa Cruz para denunciar los hechos. “Es un abuso filmar su vida íntima y privada. Es increíble, es tan bajo lo que han hecho, no sé qué estaban buscando armar. No solo es violación a la privacidad del gobernador sino que, también, de toda su familia”, apuntó Neli Jordán, hermana de Fátima.

Sin embargo, desde el gobierno nacional negaron la existencia de cámaras ocultas en la celda de Camacho y lo acusaron de montar una “tramoya” y de causar “destrozos” en la prisión.
Este episodio tuvo lugar a días de que, esta semana, el tribunal negara al gobernador un recurso de protección a la privacidad que había presentado su defensa por la exhibición de fotografías suyas mientras recibía tratamiento médico en la cárcel.
(Con información de EFE)
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