
El presidente de Bolivia, Luis Arce, decidió romper su silencio sobre el conflicto peruano al llamar dictadura al gobierno de Dina Boluarte, provocando que el diputado Ernesto Bustamante de ese país proponga que el ejército del Perú tome control del territorio boliviano.
Si el gobierno peruano siguiera las recomendaciones del diputado Bustamante y enviara a su ejército a ocupar Bolivia, sería la segunda vez que eso ocurriera, después de 200 años.
En 1828, el presidente peruano Agustín Gamarra ingresó a Bolivia con su ejército para anexionar su territorio al del Perú, pero en 1841 fue derrotado y ejecutado en Ingavi por el presidente boliviano José Ballivián.
Faltaban veinte años para que sean separados los componentes de la hoja de coca y se descubriera la cocaína, de la que ahora los dos países son productores en alianza secretas y prohibidas, pero que tienen fuerte presencia en la política.
Arce no había sido mencionado por el gobierno peruano en sus reiteradas denuncias de la intromisión del expresidente Evo Morales en la política interna de ese país, pero ahora decidió ponerse del lado de la revuelta que ha causado más de 50 muertos.

Según el diario limeño Expreso, el diputado Bustamente, del partido Fuerza Popular, dijo: “El Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en nuestro país”.
Si eso no sirviera para frenar el apoyo boliviano a los revoltosos del Perú, añade el diputado, “el ejército peruano tiene la facultad de ingresar al territorio de Bolivia para luego ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen reparación”, dice Expreso.
Arce, muy distanciado del cocalero Morales, su mentor, en el aniversario de la llegada del MAS al poder, hizo varias alusiones al conflicto peruano. “No reconocemos al gobierno actual y apoyamos a nuestros hermanos que están luchando contra la dictadura de Dina Boluarte.”
Y fue más allá: “Tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”. Luego lanzó críticas al “bolsonarismo” de Brasil.
La frontera de los dos países está cerrada desde el 4 de enero, lo que frena una intensa actividad comercial, sobre todo entre La Paz, El Alto y el sur peruano, por lo que el silencio que había mantenido hasta ahora Arce parecía una actitud cautelosa e incluso inteligente.

Hay actividades legales e ilegales que cruzan la frontera con fluidez, pero que ahora están paralizadas, lo que afecta a la región altiplánica, donde El Alto es un punto de abastecimiento para empresas de ambos países y del norte chileno.
Casi todo el aceite de soja de Santa Cruz se vende el Perú desde una planta de refinación instalada en El Alto y, a su vez, casi todo el oro que se explota en la región amazónica peruana, así como el sulfato de cocaína procedente del VRAEM.
La ciudad que comenzó siendo un satélite de La Paz es ahora un activo centro comercial donde se comercializa y se reexporta el oro peruano, que es producido por la minería ilegal, y también allí se convierte en clorhidrato de cocaína la “pasta base” que producen los narcoterroristas de Sendero Luminoso.
Y están los cientos de campesinos bolivianos que viven de llevar de contrabando garrafas con gas licuado de petróleo (GLP) al Perú, donde las venden ganando cuatro veces el precio de Bolivia, y han dejado los cultivos que tenían junto al Titicaca.
En retribución, casi todas las hortalizas y verduras que se consumen en La Paz y El Alto llegan del sur peruano, así como la carne de pescado y los mariscos de la corriente de Humboldt.
Ahora, las autoridades peruanas han decidido llevar GLP en barcos desde la planta de Pisco hasta el puerto sureño de Matarani para contrarrestar la escasez provocada por el cierre de la frontera.
Los puertos de Matarani e Ilo, que sirven al comercio exterior boliviano, están ahora fuera de servicio, lo que obliga a empresarios y transportistas bolivianos a usar puertos chilenos, donde todo es más caro.
Además, alrededor de 300 camiones de alto tonelaje están varados en la frontera, esperando pasar a Perú con productos legales, sobre todo procedentes de Santa Cruz, otra región perjudicada por las acciones del Talibán del Ande.
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