El principal líder opositor del presidente de Bolivia Luis Arce, y el ex mandatario Evo Morales, se enfrentan a su primera audiencia de medidas cautelares este jueves luego de su detención en la tarde del miércoles.
El encuentro se realizará de manera virtual a las 17:00 horas. “En mérito al memorial que antecede, se tiene presente lo expuesto por el impetrante, en tal mérito se señala audiencia pública consideración de aplicación de medidas cautelares para fecha 29 de diciembre de 2022, a horas 17:00 a desarrollarse en la sala de audiencia virtual ello en mérito al instructivo 12/2020-SP-TDJLP”, se lee en el documento judicial recientemente emitido por el juez a cargo, Sergio Pacheco.
Camacho fue detenido la víspera en el marco de una investigación por el caso ‘golpe de Estado I’ que lo acusa de terrorismo durante la crisis del 2019, que terminó con la renuncia de Morales a la presidencia.
Esta causa fue abierta a raíz de una denuncia efectuada por la ex diputada Lidia Patty a finales de 2020, que también involucra a la ex mandataria interina Jeanine Áñez, quien ya fue condenada a 10 años de prisión.
En el caso de Camacho, quien hasta el momento permanece en la dependencia de la Fuerza Anticrimen de la sede de Gobierno en La Paz, la fiscalía pidió -en principio- seis meses de prisión preventiva ya que consideran que existe peligro de fuga por su “considerable flujo migratorio” hacia Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España. Esto, según argumentan, constituye “una facilidad para abandonar el país” y una potencial obstaculización para investigar el caso.
Además de la denuncia de Patty, el Gobernador tiene al menos otros cinco procesos abiertos por diferentes “delitos” y “hechos vandálicos”.
El líder opositor pasó la noche del miércoles en una celda de los cuerpos de seguridad del Estado en la capital boliviana, tras su detención horas antes mientras se dirigía a su domicilio.
El hecho fue señalado de “secuestro” tanto por él como por otros dirigentes de su partido y sus seguidores. Esto desató una ola de manifestaciones y protestas en el estado de Santa Cruz, donde la gente se reunió en los aeropuertos para intentar detener su traslado a La Paz y, luego, permanecieron en las calles y se enfrentaron a la policía.
El líder cívico de Santa Cruz, la mayor región boliviana, Rómulo Calvo, anunció una lucha “pacífica” por la liberación de Camacho y exigió al presidente Arce su “inmediata liberación” para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.
Por su parte, Camacho se negó a prestar declaración ante las autoridades y dijo: “Me voy a acoger al derecho a guardar silencio. Quiero dejar en claro que estoy orgulloso y llevo en alto haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia”.
La fiscalía respondió a estas acusaciones asegurando que “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que, por el contrario, responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año. Agregó, asimismo, que Camacho “tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio”.
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