El departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, radicalizará el paro que este martes cumplió los 18 días luego del abandono de varias representaciones que asistieron a una mesa técnica impulsada por el Gobierno para consensuar la fecha definitiva del censo poblacional.
Hay que “radicalizar las medidas” de presión “porque lamentablemente el Gobierno no escucha” y quiere “dilatar” una solución, aseguró el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En la jornada del martes estaba previsto el cuarto día de labor de la mesa técnica que se instaló en la ciudad amazónica de Trinidad con representantes del Gobierno nacional y las entidades subnacionales como gobernaciones, municipios y jurisdicciones indígenas.
Luego de algunas dificultades iniciales, la sesión comenzó por la tarde, pero después de unas horas se produjo el abandono de los representantes de la Gobernación de Santa Cruz junto a las delegaciones de los municipios de La Paz, Tarija y Trinidad tras considerar que sus sugerencias no eran tomadas en cuenta.
Quejas de las regiones
“Cualquier posibilidad de modificación, cualquier posibilidad de aportar para reducir tiempos siempre ha recibido un no rotundo”, manifestó a los medios la representante de Santa Cruz Melvi Vargas.
La especialista explicó que el Gobierno mostró que “no existe ninguna posibilidad de modificación” para que la encuesta nacional se efectúe en 2023 y no en 2024, mediante negativas del Gobierno a las propuestas como el incremento de personal, aumento de rendimientos y ajustes administrativos.
“Las propuestas que hemos hecho siempre han sido descalificadas (diciéndonos) que no conocemos (o) que no tenemos experiencia en el trabajo de campo”, remarcó Vargas.
La discusión “ha pasado la etapa técnica” y ahora la solución únicamente la tiene una “decisión política” desde el Gobierno del presidente Luis Arce, dijo el también técnico de Santa Cruz Rubén Peña.
“Hemos encontrado un espacio en el que sí fuimos oídos pero no escuchados”, “no hay manera de generar un acuerdo cuando hay oídos sordos”, manifestó el representante de La Paz Diego Chávez.
En el caso de Santa Cruz, departamento que lidera las protestas para que el empadronamiento se haga en 2023, se anunció una reunión del Comité Impulsor del Censo para este miércoles que definirá las nuevas acciones que se tomarán para conseguir que el Gobierno acceda a su reclamo.
Descargo del gobierno
Por su lado, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo en una comparecencia ante los medios que las representaciones que abandonaron la mesa técnica “no han tenido los argumentos” y no han podido sustentar “técnicamente” las reducciones en el cronograma para ejecutar el censo en octubre de 2023 por lo que se mantiene para 2024.
Ruiz expresó que la mesa técnica “sigue trabajando” con la presencia de representantes de las nueve regiones del país, incluso de Santa Cruz, mediante una asociación que aglutina a sus municipios a pesar de la retirada de la delegación de la gobernación.
Las protestas que reclaman que el censo se realice en 2023 tiene como centro al departamento de Santa Cruz bajo la premisa que los datos de la encuesta nacional se apliquen en 2025, año en que deben celebrarse las elecciones generales.
A pesar de que el censo estaba previsto para noviembre de este año, el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando razones técnicas y la necesidad de “despolitizar” ese proceso en favor de datos de calidad.
El Ejecutivo nacional ha propuesto que el empadronamiento se efectúe en abril de 2024 junto a una nueva asignación de recursos a los seis meses de conocerse los primeros datos de la encuesta nacional.
(Con información de EFE)
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