Mafias brasileñas, mexicanas y colombianas ocupan territorios de Bolivia en combinación con seguidores de Evo Morales dedicados a quemar bosques y ampliar los cultivos de coca.
Ocho miembros del paulista Primer Comando da Capital (PCC) fueron asesinados en los últimos dos meses en Bolivia ya sea por ajustes de cuentas dentro de la organización, o por sus rivales del carioca Comando Vermelho.
Los brasileños tienen tierras en el Chapare, donde manda Morales, pero también tienen fábricas, según dice el diario Página Siete, fábricas ubicadas en parques nacionales próximos a la frontera sur de Bolivia con Brasil.
El pueblo fronterizo de San Matías se ha convertido en la versión boliviana de la ciudad argentina de Rosario o de la mexicana Ciudad Juárez por la cantidad de muertos que dejan las peleas entre los narcos.
Los mexicanos se ocupan de controlar pueblos de la geografía del narcotráfico, los brasileños aspiran a lograr un monopolio dentro de Bolivia y los colombianos actúan en los parques nacionales. Una especie de OEA del narco.
Todos ellos amparados por una política permisiva de parte del gobierno, que alienta a los asaltantes de tierras y mantiene sin operar los trece radares comprados en 2015 por 225 millones de dólares.
Cientos de avionetas operan libremente en alrededor de un millar de pistas de aterrizaje, por costumbre llamadas “clandestinas” aunque todos saben dónde están, para llevar la droga a países vecinos.
Con Argentina tienen la ventaja de que allí tampoco opera un centro de radares cerca de la frontera desde que el gobierno de Alberto Fernández desmanteló el que el gobierno de Mauricio Macri había instalado en Tartagal, Salta.
El gobierno boliviano aplica una política de amistad y colaboración con los narcos de los países vecinos, quizá con la intención de crear una confederación.
Acaba de autorizar el funcionamiento en La Paz de un mercado ilegal de la coca, donde se vende la hoja producida en zonas ilegales de Bolivia, pero también la procedente de Perú.
Los incendiarios de bosques operan, cuando los árboles han sido quemados, con maquinaria pesada que los arranca de raíz, antes de entregarlos a los ansiosos cocaleros.
Todo está coordinado con la migración de cocaleros que llegan de Chapare, o de más lejos, que han de recibir papeles de propiedad de parte el Instituto de Reforma Agraria.
Cuentan con grupos de choque estos promotores de los cocales. A principios de año, uno de esos grupos capturó y secuestró a periodistas y aborígenes en Las Londras, Santa Cruz, pero los jueces que controla Morales liberaron de toda culpa a los secuestradores.
Los “interculturales”, como se llaman los incendiarios, son el ejército que usa Morales para ampliar los cocales en territorio de Santa Cruz con la clara intención de atravesar ese departamento con un corredor de cultivos de coca, para llegar hasta la frontera con Brasil.
Un comandante de la policía boliviana está preso en Estados Unidos por narcotraficante, otro es buscado por la DEA y ofrece 5 millones de dólares a quien ayude de a capturarlo.
Hay pueblos del altiplano donde los campesinos defienden a los contrabandistas que hubieran sido capturados por la aduana, todo financiado por narcotraficantes. Minas abandonadas, y capillas sin cura, se han convertido en fábricas de droga.
Los autobuses que van hacia el sur, a la frontera con Argentina, están repletos de coca, como principal producto de exportación de este país.
No es todavía el Afganistán de Sudamérica, pero no le falta mucho, según el coronel retirado Miguel Santiesteban.
Este coronel dice que las mafias internacionales no solamente han violado la soberanía boliviana: han penetrado en la sociedad y han hecho aliados, socios o simplemente simpatizantes.
Ya no parece raro que el único automóvil Rolls Royce de Bolivia está en el Chapare, y lo mismo los únicos Lamborghini. Trajeron mecánicos europeos para ajustar sus sistemas de suspensión, en vista de que los caminos no son como los del primer mundo.
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