
La Convención Constitucional de Chile presentó su primer borrador de lo que podría ser una nueva Carta Magna para el país, la cual será aprobada o rechazada el próximo 4 de septiembre en una votación obligatoria.
De esta forma se dio por finalizada la etapa principal del pleno de la Convención y se presentó un documento de 499 artículos y 160 páginas el que incorpora todas las normas aprobadas por el pleno y que están ordenadas por comisión. Desde el organismo informaron que la relación de los números de los artículos no es definitivo ya que esto será determinado por la Comisión de Armonización.
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Esta Comisión tendrá un mes para trabajar en proponer mejoras de redacción relacionadas con la gramática y la coherencia jurídica, todo esto para detectar a tiempo posibles contradicciones y borrar los elementos que se consideren repetitivos.
Una vez finalizada esta etapa la Comisión de Armonización se deberán votar las observaciones finales para presentar el texto definitivo el próximo 4 de julio. De igual forma trabajará en este tiempo la Comisión de Preámbulo quienes tendrán que redactar el texto que da inicio a la eventual nueva Constitución, y la Comisión de Normas Transitorias quienes tendrán a cargo los artículos transitorios de una Constitución a otra.
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La publicación de este borrador se conoció cuando se revelaba que la opción de Aprobar la Constitución subió 3 puntos tras 6 semanas de caídas consecutivas. Sin embargo la opción de Rechazar sigue liderando las encuestas con un 46% de adhesión.
A continuación se detallan las 4 claves principales del borrador de la eventual nueva Constitución chilena que se puede descargar aquí.
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Nuevos derechos aprobados

Entre los principales derechos aprobados en el borrador se destaca el derecho a un trabajo decente, el derecho a a “remuneración equitativa, justa y suficiente”, el que asegure el sustento de los trabajadores y sus familias. Además se mandata al Estado a generar las condiciones para que se pueda conciliar el trabajo con la vida familiar y comunitaria
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Otros derechos aprobados en el borrador son los derechos a la memoria, a la alimentación y a la autodeterminación informativa, que es el derecho a la protección de los datos personales.
En lo que se refiere a la salud, se obliga al Estado a fortalecer el sistema público.
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Cambios en educación
En lo que se refiere a educación se agregaron una serie de artículos que fortalecerán la educación pública. Por ejemplo, la educación será de carácter laico y gratuito, y el Estado deberá financiarla con aportes basales “de forma permanente, directa, pertinente y suficiente”.
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Además se aprobó la libertad de enseñanza, la libertad de padres y apoderados de elegir el tipo de educación para sus hijos y la forma en cómo el profesor puede dictar su cátedra tanto en colegios como en universidades.
El borrador especificó que se garantizará la gratuidad en las instituciones públicas superiores del país y en las privadas “que cumplan con los requisitos que establezca la ley”.
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Pueblos originarios
El tema de los pueblos originarios está presente en todo el borrador de la nueva Constitución. Entre lo más destacado se encuentra el reconocimiento de autonomía de estos pueblos, y se establece que el Estado será plurinacional.
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Sin embargo, se rechazó el reconocimiento de un “genocidio” indígena y otras propuestas nuevas. También se rechazó el informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas que contenía el resultado de la consulta de distintos pueblos.
Sistema político
Por último, entre lo más destacable es la forma del sistema político que detalla el nuevo borrador. Se mantiene el régimen presidencial y propone un sistema bicameral asimétrico en el poder legislativo el que estará integrado por un Congreso de Diputadas y Diputados electos proporcionalmente, y una Cámara de las Regiones en que cada una de las 16 regiones del país tendrá, al menos, 3 representantes.
Esta cámara tendrá que revisar las futuras leyes que le competan aunque su poder será menor al de la Cámara del Senado la cual será eliminada si se aprueba la nueva Constitución.
Por otra parte, la Cámara de las Regiones junto con el Congreso verán los nombramientos que requieran el visto bueno del poder legislativo, además las regiones serán jurado en las acusaciones constitucionales.
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