
Tres ecuatorianos fueron encarcelados en Nariño, Colombia, por portar 90 kilos de explosivos que, según las autoridades, iban a entregarse a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los acusados lograron evadir los controles fronterizos en Ecuador y cruzaron al país vecino.
Los hombres, que fueron detenidos en la vía Ipiales- Guachucal, escondieron los explosivos en cuatro sacos de cebolla y zanahoria. Guillermo David Obando, Germán Raúl Gualavisi, y Miguel Perugachi, oriundos de la provincia de Imbabura, en el centro norte de Ecuador, son acusados de ser coautores de los delitos de fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, y de municiones de uso privativo, restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
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Las autoridades se percataron de los explosivos cuando detuvieron, en el kilómetro 3 de la vía Ipiales – Guachucal, a la altura de la vereda Ipialpud de este municipio, a los individuos. El vehículo en el que se movilizaban tenía los sacos de zanahoria y cebolla, pero cuando se realizó la requisa, los uniformados encontraron 50 barras del explosivo pentolita de alto poder, para un total de 90 kilos de explosivos. Sometidos a estudios forenses, cada barra tenía un peso de 450 gramos aptos para ser detonados, según confirmó la Fiscalía de Colombia.
El cargamento, de acuerdo con las autoridades colombianas, tenía como destino ser entregado a los grupos rebeldes que operan en el municipio colombiano de Tumaco, frente a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
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Las disidencias en la frontera compartida
Varios estudios, incluso militares, reconocen que la frontera que comparte Ecuador y Colombia es una zona de alto riesgo por la presencia de las disidencias de las FARC. Según un artículo del Mayor Fernando Conde y el Mayor Marlo Orbe, del Ejército Ecuatoriano, publicado en la edición hispanoamericana de la Military Review, las disidencias se crearon durante las negociaciones de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano porque existían “divisiones entre los mandos medios, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, incertidumbre e inconformismo entre sus miembros”.
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La presencia de los disidentes combinada con la falta de oportunidades y el abandono estatal han generado que en la frontera colombo-ecuatoriana exista “un conflicto interméstico”, como lo definen los mayores del Ejército que escribieron el artículo en mención. Es decir que la problemática es de interés internacional y doméstico.
Aunque fue en 2018 cuando las alertas por la presencia de las disidencias de las FARC saltaron a través de los atentados en San Lorenzo y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio de Ecuador; a cuatro años de aquellos, los disidentes operan en la frontera norte ecuatoriana.
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En enero de este año, las Fuerzas Armadas del Ecuador localizaron una base de descanso ilegal de grupos armados. El descubrimiento se realizó en Mataje, una parroquia rural del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. En esa ocasión, el personal militar decomisó una ametralladora, seis granadas de mano, más de 2.200 municiones de distinto calibre, 21 alimentadoras fusil M16, cuatro chalecos de combate, una cocina, tres mochilas, tres baterías para paneles solares, 1.156 pesos colombianos, prendas de vestir y camisetas y sombreros con los emblemas del Frente Oliver Sinisterra.
El grupo disidente de las FARC, conocido como Oliver Sinisterra, es el movimiento armado con mayor acceso a los recursos del narcotráfico y opera en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, en la frontera que une a ese país con Ecuador y a seis horas en auto entre Nariño y San Lorenzo, el cantón en el que está Mataje. Al Oliver Sinisterra se lo conoce en Ecuador por el secuestro y asesinato de los tres periodistas de diario El Comercio, quienes fueron ejecutados por orden de Walter Arisala, alias Guacho, su entonces líder que fue abatido por las fuerzas de seguridad colombianas en diciembre de 2018, ocho meses después del asesinato del equipo periodístico.
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El pasado 21 de marzo, los miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador localizaron una granada tipo mortero de 60 milímetros de uso militar, también en la zona de Mataje. De acuerdo con las autoridades, la granada habría sido abandonada en el sector por grupos irregulares.
Según el estudio de los oficiales del Ejército ecuatoriano, los disidentes están estrechamente relacionados con el narcotráfico. En ese sentido, señalan los investigadores militares, “el Estado debe orientar sus esfuerzos hacia la consolidación de estrategias y políticas que respondan a las necesidades políticas, económicas y sociales en la frontera norte, promoviendo a toda costa el desarrollo e integridad del pueblo, mediante la creación y ejecución de proyectos de educación, vivienda, trabajo, alimentación, salud, justicia, servicios básicos, apoyo incondicional a los campesinos, agricultores, pescadores, comerciantes y pobladores más vulnerables y desprotegidos del área rural de la frontera donde se evidencia pobreza”.
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