La ex jefa comunal de Antofagasta, ubicada a más de mil kilómetros de la Santiago, quien estuvo desde 2012 hasta 2020 en el cargo, fue condenada por haber pagado alrededor de USD 30.555 a una empresa de comunicaciones, utilizando recursos destinados para educación y salud de la municipalidad para su reelección.
Según información del Ministerio Público, la exalcaldesa pagó a la agencia Main Comunicaciones, para que el asesor José Miguel Izquierdo mejorara su imagen ante la población de Antofagasta y así mantenerse en el cargo. Los fondos que utilizó para buscar su reelección en 2016 provenían desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
Rojo fue condenada este jueves a cinco años y un día de cárcel por el juzgado de Garantía de Antofagasta. Por el mismo ilícito fue condenado el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Antofagasta, Edgardo Vergara, quien fue sentenciado a 3 años y un día de libertad vigilada por fraude al Fisco.
El Fiscal Jefe de Antofagasta Cristián Aguilar, afirmó que este hecho es “un precedente en el sentido que no se había logrado una sentencia con una pena de cumplimiento efectivo por el delito de fraude al Fisco”.
A esto agregó, “podría optar en su oportunidad al beneficio de libertad condicional, pero para eso debe cumplir la mitad del periodo impuesto en la sentencia”, puntualizó el Fiscal.
El Ministerio Público informó que el fiscal Aguilar solicitó en junio de 2018 la medida cautelar de arraigo nacional a la exalcaldesa. Sin embargo, diez días más tarde de esta petición la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida decretada contra Karen Rojo, tras el recurso de apelación presentada por su defensa. En la instancia, la Corte fundó la decisión que no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga.
A pesar de lo dictado por la Corte, Rojo se dio a la fuga apenas la Corte Suprema dictó su sentencia. Tomando un vuelo con destino a los Países Bajos para no cumplir con la condena de prisión efectiva, según confirmó La Tercera.
Con respecto a esto el concejal de Antofagasta Ignacio Pozo señaló que “encuentro lamentable lo que está pasando con la señora Karen, que haya tenido que huir del país. Es la segunda alcaldesa, que en menos de diez años, es acusada y procesada por fraude al Fisco”.
Ante la fuga de la exjefa comunal condenada, la Interpol, organización internacional de policía criminal emitió una alerta roja para la búsqueda y captura de Karen Rojo.
El jefe de la oficina central de Chile de la Interpol Santiago, Maximiliano Macnamara, precisó que, “hoy esta oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol en Francia la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización”.
Desde la Policía de Investigaciones asintieron que “al momento de realizar el control migratorio en la Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) no presentaba ningún impedimento legal para salir del país”.
El abogado querellante Rolando Jara dijo a TVN que “esta situación revela claramente que estamos frente a una persona que desafortunadamente es una delincuente y que no quiere enfrentar lo que debe enfrentar como toda situación”.
El jurista añadió que “aunque la señora Karen Rojo hubiese tenido una medida cautelar de arraigo nacional ella igual hubiera, eventualmente, realizado la misma conducta de irse, porque la frontera chilena es extremadamente extensa y nosotros ya tenemos experiencia, de reciente data, de cómo en Chile la gente sale y entra de manera ilegal por pasos no habilitados”.
Desde el Ministerio Público comunicaron que ya teniendo el conocimiento que la condenada salió del país, se están realizando todas las gestiones, tanto judiciales como policiales, para su ubicación y extradición a fin de que se otorgue efectivo cumplimento a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. Sin embargo, Chile no tiene convenio de extradición con los países bajos.
De todas formas la Fiscalía Local de Antofagasta reiteró a la comunidad que harán uso de todas las herramientas legales para lograr la extradición de la condenada.
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