Ley Anticapuchos penalizaría a quienes oculten su identidad para cometer vandalismo, sin restringir la protesta pacífica, explicó el congresista Julio César Triana

El representante a la Cámara Julio César Triana, por Cambio Radical, defendió la viabilidad del proyecto conocido como ‘Ley Anticapuchos’ tras su aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la corporación.

Triana aseguró que la iniciativa no prohíbe cubrirse la cara durante una manifestación pacífica, sino que castiga penalmente a quienes ocultan su identidad para cometer actos vandálicos y destrozos en el espacio público.

El congresista aclaró que el articulado legislativo no criminaliza la protesta ciudadana, al responder a las críticas de sectores de oposición que advierten una vulneración de garantías constitucionales.

En una entrevista para el diario El Tiempo, Triana explicó cómo funcionará la figura jurídica en los tribunales: “Propone crear un nuevo tipo penal en la ley de Colombia, que es el ocultamiento de la identidad para realizar actos vandálicos en medio de una protesta. Este nuevo delito tiene tres elementos: que ocurra en medio de una protesta; que la persona oculte su rostro, con una capucha, una máscara o cualquier otro elemento; y, lo más importante, que realice actos vandálicos o violentos. Esto no criminaliza ni restringe la protesta”.

Lo que busca la Ley Anticapuchos para el país

El legislador marcó una línea divisoria para evitar abusos o interpretaciones erradas durante las jornadas ciudadanas, insistiendo en que el texto respeta los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a marchar.

“Se ha tratado de tergiversar la ley diciendo que se criminaliza el uso de la capucha. No es así: una persona puede salir a una protesta y ocultar su rostro, como lo ha permitido la Corte Constitucional en distintas sentencias, siempre y cuando lo haga de manera pacífica”, se leyó del diálogo.

Triana contrastó las motivaciones de los manifestantes pacíficos frente a quienes salen a generar violencia: “Una cosa es usar la capucha para protegerse de los gases lacrimógenos o para ocultar la identidad porque no se quiere que lo vean, y otra muy distinta es utilizarla para delinquir, apuñalar funcionarios públicos, incendiar sistemas de transporte o violentar la propiedad privada y pública. Una persona puede usar capucha y participar en la protesta; si no incurre en esas actuaciones, no se le aplicará este tipo penal”.

Y es que el articulado contempla cinco puntos normativos que endurecen las sanciones legales y fijan límites estrictos contra las obstrucciones viales prolongadas que afecten derechos fundamentales.

Al detallar el castigo penitenciario, el parlamentario explicó: “La pena para quien oculte el rostro durante una protesta y cause actos vandálicos sería superior a los 54 meses. Lo mismo aplicaría para quienes se excedan en los bloqueos, vulneren derechos de los demás y afecten gravemente la prestación de un servicio público o la atención de una persona enferma. En ambos casos, la pena sería superior a los 54 meses y no sería excarcelable”.

“En otros países, como Italia y Guatemala, se prohíbe el uso de la capucha o el ocultamiento del rostro para marchar. Aquí no se prohíbe la capucha para marchar: se establece un tipo penal y un agravante para quien la use para delinquir y cometer actos vandálicos o criminales”, señaló el congresista para el medio en mención.

Julio César Triana respaldó los recortes del Gobierno en su propuesta de reforma tributaria

Durante la misma entrevista, el legislador fijó la posición de Cambio Radical frente a la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de Abelardo de la Espriella: “Al iniciar la próxima semana tendremos una reunión de bancada con analistas y asesores económicos para fijar una posición”.

“Entendemos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella encontró un país en crisis financiera, con una deuda que supera los $1.100 billones. Tenemos que decir, con responsabilidad, que todos los colombianos debemos asumir la crisis que dejó un grupo que gobernó este país”, explicó.

Triana respaldó las propuestas de austeridad burocrática del Ejecutivo: “En la ley de rescate encontramos tres elementos. El primero es un ajuste en los gastos del Gobierno, que nos parece importante. No puede ser posible que la Agencia Nacional de Tierras, que funcionaba con 1.400 contratistas en todo el territorio nacional, hubiera llegado a tener 11.000 en el gobierno anterior”.

“Hay que reducir esos contratos de prestación de servicios. También encontramos la propuesta de reducir el Estado, que nos parece importante: hay entidades con duplicidad de funciones y embajadas y consulados cuyos resultados vale la pena revisar”, señaló.

No obstante, el dirigente expresó sus reparos frente al impacto tributario sobre los hogares: “En cuanto a la carga impositiva, que es la manera de recoger recursos, tenemos que dar una discusión profunda. En el partido creemos —y algunos congresistas, entre los que me encuentro— que productos como el café no deben ser gravados con un impuesto del 19%, ni se deben adoptar medidas que afecten la canasta familiar de los colombianos”.