La anunciada manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre cobra cada vez mayor dramatismo al tiempo que la dictadura comandada por Miguel Díaz-Canel ha llamado a “revolucionarios” a armarse para impedir que los cubanos protesten por la falta de libertades en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) volvió a advertir a la comunidad internacional para que se asegure el derecho a protesta de los ciudadanos cubanos el próximo 15 de noviembre sin que este sea respondido con represión como ya sucedió en julio.
El organismo denunció esta mañana que desde el régimen enviaron órdenes a grupos de estudiantes y otros civiles para que repriman a quienes participen de la manifestación con “palos y objetos contundentes”. “Hemos sido testigos de la peligrosa demostración de odio entre ciudadanos que promueve el gobierno, al orientar a las personas armarse con palos para reprimir a otros que decidan sumarse a la manifestación pacífica. Responsabilizamos a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando con estas decisiones”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
A medida que se acerca la fecha elegida para las protestas el clima en la isla se vuelve cada vez más tenso, a la par que aumenta la presencia militar en las calles. Dada la prohibición decretada por el gobierno de Diaz-Canel y la voluntad de los convocantes de mantener la marcha en pie, el riesgo de que se repitan los sucesos represivos del pasado mes de julio se vuelve cada vez más grande.
“El régimen cubano está amenazando a los convocantes y ya hay dos casos de expulsión de sus centros de trabajo. Posiblemente, se esté preparando para retener a los activistas en sus casas, como demuestran los 2.592 sitios de viviendas documentados en lo que va de año y para reprimir a los participantes. A esto se suma el ambiente de militarización total del país”, advirtió González Raga en el comunicado.
Cuando el director ejecutivo del OCDH habla de la retención de los activistas en sus casas se refiere al nuevo patrón represivo que inauguro el gobierno cubano a principios de 2020. Desde los primeros meses del año pasado, la dictadura castrense comenzó a sitiar las residencias de los activistas contrarios al régimen para impedirles salir de sus casas.
En estos casos lo que sucede es que se establece vigilancia policial en las afuera de las viviendas de los ciudadanos señalados por sus afiliaciones políticas y se forma un cordón policial que evita que estos salgan del domicilio.
En la misma linea con el accionar del régimen en otras áreas, y en particular la judicial, en la mayoría de estos casos son acciones aplicadas sin que haya una orden judicial de por medio. Los principales apuntados por estas medidas son los y las lideres de organizaciones de Derechos Humanos, como la líder de Las Damas de Blanco Berta Soler, las y los activistas políticos, como la activista Liliana Hernandez, y los y las periodistas, como Camila Acosta y Luz escobar. Estas mujeres son, según el OCDH, las personas que más retenciones han sufrido.
En definitiva, finaliza Gonzalez Raga, “existe un peligro real para la integridad física de los convocantes, que ya han recibido citaciones amenazas, y para cualquier ciudadano participante”.
Las penas ejemplificadoras
Este pedido del régimen a sus seguidores para que se armen y se preparen para reprimir a quienes participen de las marchas del 15N se enmarca entre otras iniciativas del gobierno para desincentivar la participación ciudadana en las protestas. La mas significativa de estas es el pedido de penas ejemplificadoras para los manifestantes del 11J que se dieron a conocer a principios de semana.
La fiscalía de la provincia de Mayabeque pidió penas de hasta 25 años de carcel contra las personas que están presas por las históricas marchas de julio. A través de la utilización de delitos comunes -como el desacato, la instigación a delinquir y el desorden publico, entre otros- buscan condenar a estos presos políticos y, mediante la sumatoria de estas acusaciones de delitos ordinarios, se llega a pedidos de condena extremadamente altos. Esta practica busca esconder la verdadera razón de su detención y consiguiente encarcelación: ser contrarios al gobierno y haberse manifestado en consecuencia.
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