La dictadura quiere hacer pesar el escarmiento contra aquellos que se manifestaron contra el régimen el pasado 11 de Julio y advertir a aquellos que tengan pensado volver a protestar contra Miguel Díaz-Canel. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en la provincia de Mayabeque la fiscalía pidió penas ejemplificadoras de hasta 25 años de cárcel contra las personas que se adueñaron de las calles de toda la isla en las históricas marchas.
A tres semanas de las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre, el régimen cubano utiliza todas sus herramientas para desincentivar a los ciudadanos a que se movilicen. A través de la utilización de delitos comunes buscan condenar a quienes están presos por motivos exclusivamente políticos. De esta forma, mediante la sumatoria de delitos ordinarios, se llega a pedidos de condena extremadamente altos. Esta practica ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
La población carcelaria per capita de la isla del caribe es de las mas altas del mundo, y los hechos represivos del ultimo mes de julio han hecho que la cifra de prisioneros políticos aumente hasta niveles que no se veían desde la década de los 80.
A su vez, ademas de actuar contra los acusados, el régimen ha utilizado sus herramientas represivas para silenciar a las familiares de las víctimas. A veces mediante amenazas y otras a través de falsas promesas. “Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo”, lee el comunicado difundido por el OCDH.
La desproporción entre los delitos y la cantidad de años de prisión pedida por la fiscalía muestra la cara real del régimen y su propensión a utilizar el poder judicial para controlar a su población y sus aspiraciones de poder expresarse. “Se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos o la interpretación cabal de estos”, denuncia el OCDH.
Si bien la mayoría de los familiares de las víctimas prefirieron mantener sus identidades anónimas, se conocen los pedidos de prisión para cada una de ellas en particular. El caso de Maikel Puig Bergolla, el único de los que se sabe su nombre completo, es el que mejor ilustra esta situación: por el delito de Desorden Publico la fiscalía pide 5 años, por el de Desacato pide un año y medio, por el de Instigación a Delinquir pide 18 años y por el de Tentativa de Homicidio pide 10 años. Juntando todos estos, piden una pena conjunta de 25 años de reclusión.
Para LMVP, otro de los acusados cuya identidad permanece anónima, piden una pena conjunta de 20 años. Esta esta compuesta por 4 años por el delito de Desorden Publico, 6 meses por Desacato, 4 años por Desacato de la Figura Agravada, 10 años por Instigación a Delinquir, 6 años por Atentado y otros 6 años por Evasión de Presos.
El comunicado del OCDH denuncia otros 7 casos similares en los que las víctimas se enfrentan a condenas extremadamente altas y que no se corresponden con la gravedad de los delitos supuestamente cometidos. Todos bajo la misma metodología: la sumatoria de delitos menores para alcanzar penas totales a las que no se podría llegar si las víctimas fueran juzgadas solamente por lo que hicieron: participar de la marcha del 11 de julio.
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