La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) criticó este sábado la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de disolver a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), a tres meses de los comicios, en los que el dictador del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.
“Nicaragua: La cancelación ayer de @CxLibertad, como ya ocurrió con otros dos partidos, impide la participación política de sus miembros y votantes”, señaló ese organismo en un mensaje en Twitter.
“Estas decisiones no están en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas”, agregó.
El Consejo Supremo Electoral resolvió el viernes cancelar la personalidad jurídica al partido CxL, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica, con lo que esa coalición quedó por fuera del proceso de elecciones.
Además, cancelaron la cédula de identificación ciudadana de Carmella María Rogers Amburn, conocida localmente como Kitty Monterrey, representante legal de movimiento, y con nacionalidad estadounidense-nicaragüense, por haber obtenido el documento de identidad nacional utilizando “procedimientos irregulares”.
A través de una resolución, los magistrados electorales, partidarios del régimen de Daniel Ortega, decidieron disolver al partido CxL, entre otras razones, por haber inscrito como candidatos a los cargos de elección popular a personas consideradas como “traidores de la patria”.
En el actual proceso electoral el régimen nicaragüense ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que están siendo investigados por supuesta “traición a la patria”.
El Consejo Electoral también canceló la personalidad jurídica a otros dos partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
El dictador Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
LA POSICIÓN DE EEUU
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este sábado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han “perdido toda credibilidad” debido a las maniobras “autocráticas” del presidente Daniel Ortega para apartar de los comicios a los principales opositores.
“Estados Unidos considera que las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen -impulsadas por el miedo de Ortega a una derrota electoral- son el golpe definitivo contra las perspectivas de Nicaragua de celebrar unas elecciones libres y justas a finales de este año”, dijo Blinken en un comunicado.
“Ese proceso electoral, incluido sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad”, subrayó.
El jefe de la diplomacia estadounidense anticipó que seguirán trabajando con otras democracias para “responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos”, que, consideró, “privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de un Gobierno representativo y de prosperidad económica”.
Según el secretario de Estado, el “régimen Murillo-Ortega” ha “socavado sus compromisos internacionales”, entre ellos la Carta Democrática Interamericana y los derechos de su pueblo a elegir “libremente a sus propios líderes”.
“La decisión del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, el 6 de agosto, de prohibir al último partido de la oposición genuina participar en las elecciones de noviembre pone de manifiesto su voluntad de mantenerse en el poder a toda costa”, dijo Blinken.
También el viernes Estados Unidos anunció restricciones de visado que afectan a 50 familiares tanto de legisladores sandinistas como de fiscales y jueces de Nicaragua, que supuestamente han contribuido a impedir la celebración de unas elecciones libres en noviembre.
Ya el pasado 12 de julio, el Departamento de Estado había prohibido la entrada al país de 100 miembros de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua, así como a fiscales y jueces nicaragüenses, por “facilitar los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”.
(Con información de AFP y EFE)
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