“Si están viendo este video es porque estoy detenido”: las dramáticas grabaciones de los candidatos opositores ante la razia del régimen de Daniel Ortega

Nicaragua vive una semana de cuchillos largos. El régimen de Daniel Ortega ha desatado estos días una inusitada ola represiva que abrió proceso y mantiene bajo arresto a cuatro de los principales candidatos opositores y al menos a dos líderes políticos y empresariales bajo cargos que van desde “lavado de dinero” hasta “traición a la patria”.

La ofensiva legal deja a la oposición nicaragüense al borde de la expulsión electoral. “Yo creería que la puerta electoral está cerrada”, dice el analista político nicaragüense Eliseo Núñez. “Si todos los candidatos que tenían más probabilidades están presos”, remata pesimista.

Nicaragua está a cinco meses de las elecciones donde debería elegir presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Nacional. Esta, sin embargo, sería “la peor elección posible”, en palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en referencia al control absoluto que tiene el régimen de Daniel Ortega sobre todo el aparato electoral y judicial.

Los nicaragüenses votarán el próximo 7 de noviembre sin observación electoral, en un proceso manejado por un tribunal totalmente leal a Ortega, y, como los últimos hechos indican, sin oposición real que le enfrente y con el periodismo independiente del régimen, bajo asedio y amenazado.

La noche de este martes la policía nicaragüense realizó una redada en la que detuvo al precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro y a la líder de la opositora Coalición Nacional, Violeta Granera, y a José Adán Aguerri, miembro de la opositora Alianza Cívica y ex presidente de la cámara empresarial nicaragüense (Cosep).

El pasado miércoles 2 de junio, una jueza ordenó la captura de Cristiana Chamorro, la posible candidata opositora con mayores simpatías, a quien la Fiscalía le abrió un proceso por “lavado de dinero” supuestamente cometido desde la fundación que dirigía hasta enero pasado. Chamorro quedó bajo arresto domiciliar.

Tres días más tarde, el precandidato Arturo Cruz fue apresado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos, bajo la acusación de “traición a la patria”, y la mañana de este martes la policía nicaragüense detuvo bajo los mismos cargos al precandidato Félix Maradiaga, minutos después que saliera de una entrevista a la que fue citado por la Fiscalía.

Ante su inminente detención, los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga grabaron videos para ser publicados después de apresamiento, porque el régimen de Ortega, hasta ahora, aísla por completo a los detenidos políticos, a quienes no les permite visitas de su familiares ni contactos con sus abogados.

La Policía de Nicaragua informó en notas de prensa separadas que Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y José Adán Aguerri están siendo investigados “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Las detenciones, según la oposición, son ilegales y su propósito exclusivo es inhibir la participación de candidatos y descabezar la oposición que pueda derrotar a Daniel Ortega.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha citado a una veintena de periodistas de diferentes medios de comunicación de Nicaragua, para indagar sobre la relación financiera que han tenido con la Fundación Violeta Barrios, de la cual Cristiana Chamorro era directora.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro cerrada oficialmente desde enero pasado, trabajó durante 23 años “por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información en Nicaragua” y apoyaba “programas e iniciativas ciudadanas a favor del desarrollo social, el ejercicio de los valores democráticos, la educación para el cambio y la promoción de la excelencia en el periodismo nacional”, según sus principios.

La ola represiva parece tener nombre y apellido, según el periodista afín al régimen de Ortega, William Grigsby, director de la radio La Primerísima, quien no duda en reconocer las intenciones políticas electorales tras las aparentes acciones legales. Se llamaría “Operación Danto”, un viejo nombre usado por el ejército sandinista en la guerra de los años 80.

“Todo este operativo que se está realizando desde la Fiscalía como punta de lanza es eso. Destrozar el aparato de propaganda del imperialismo norteamericano. Vamos a ver qué hacen ahora. A ver qué tan buenos periodistas son ahora que se van a quedar sin reales (dinero)”, dice para luego proclamar jubiloso: “¡Les estamos quebrando el culo!”

“Con el Operativo Danto se termina de descabezar el aparato de propaganda de los yanquis y ahora queda limpia la mesa. ¡Vámonos a las elecciones!”, dice, para a continuación aclarar: “(Con) candidatos que estén aptos para poder competir”.

El analista Eliseo Núñez cree que Nicaragua se encamina a unas elecciones como las que celebró Siria recientemente, donde Bashar al-Ásad recibió el 95 por ciento de los votos. “Bashar al-Ásad le impidió a la oposición participar y solo votaron las regiones donde controlaba militarmente”, dice.

“Daniel Ortega cree que en el 2018 el ganó una guerra”, agrega Núñez en alusión a la violenta represión policial y paramilitar a las protestas populares que dejó más de 300 muertos muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Siente que ganó una guerra y tiene derecho a imponer sus leyes”.

“Sabíamos que era una situación muy difícil, pero estábamos comprometidos a forzar que cambien las condiciones”, dijo Violeta Granera a Infobae poco antes de que fuerzas policiales allanaran su casa y la dejaran bajo arresto domiciliar e incomunicada. “Las señales son bien negativas”, apuntó.

“Ortega está actuando bajo dos premisas: una, el obvio terror que tiene de someterse a una competencia libre porque sabe que perdería y no está dispuesto a dejar el poder; y segundo, está tomado tiempo, esperando que el panorama internacional llegue en algún momento a favorecerlo”, explicó Granera. “Me parece una estrategia bastante tonta, porque no hay forma de que se mantenga en estado de sitio a todo un país. Puede que no permita elecciones libres, pero los resultados de un fraude electoral en este 2021 no van a ser aceptados ni por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional”.

Sin embargo, Granera considera que las elecciones no son aún “una batalla perdida” y la oposición nicaragüense tiene “que empujar hasta el final esa posibilidad”.

“Si (Ortega) logra montar esa farsa electoral y no hay forma de revertirla, no significa el final de la lucha. Al contrario, la lucha se va a ver fortalecida ante la violación y los abusos que está cometiendo”, señala.

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