
Daños ambientales, corrupción, deuda y las ambiciones de Beijing y el Partido Comunista Chino (PCC) en América Latina. La historia de la construcción de la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador parece reunir varios de los problemas más urgentes que aquejan a la región en los últimos años y de las características que el régimen reúne para poder quedarse con recursos naturales ajenos.
La presa, construida por la empresa china Sinohydro, fue uno de los proyectos insignia del gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007–2017). Su inauguración en 2016 contó con la presencia nada menos que del jefe de estado chino Xi Jinping. El costo del proyecto se estima en unos 2.245 millones de dólares, la mayoría de los cuales -1680- fueron prestados por el banco chino Eximbank. Sin embargo, cálculos independientes afirman que el costo real fue mucho mayor. Además, todos los funcionarios involucrados en el proyecto terminaron presos por corrupción.
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En las intenciones del gobierno correísta, la planta -ubicada sobre el curso fluvial del río Coca en la provincia de Napo, a unos 150 km al este de la capital del país Quito- debía producir más de 1.500 megavatios de energía “limpia y renovable” y cubrir el 30% de la demanda eléctrica de Ecuador con un tiempo de vida útil de 50 años.

No obstante, en la actualidad la hidroeléctrica no funciona en su total capacidad e incluso el tendido eléctrico que se realizó para transmitir la electricidad al sistema interconectado está subutilizado. Pero no es todo: en 2018, dos años después de su inauguración, en la presa aparecieron miles de fisuras y cada vez más expertos advierten sobre la posibilidad de un desastre.
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Graves problemas
La primera advertencia llegó en un informe de la Contraloría del Ecuador de 2019 que denunció una serie de graves problemas, desde fisuras en la obra hasta el aumento exponencial del la erosión del río Quijos y el riesgo potencial de fallo en la casa de máquinas de la central hidroeléctrica. Según el organismo, estas fallas podrían causar un perjuicio económico para Ecuador de decenas de millones de dólares.
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Por su parte, el Instituto Económico y Político Eloy Alfaro, del cual Correa es miembro, dijo a la mismísima BBC que de acuerdo a los estudios realizados la presa “no corre ningún riesgo bajo su concepción actual”; el correísmo atribuyó las observaciones del ente ecuatoriano a la “sistemática persecución política del gobierno de Lenín Moreno a las personas que fueron miembros del gobierno de la Revolución Ciudadana".
Pese a las afirmaciones del correísmo, los cierto es que todos los funcionarios de alto nivel involucrados en la mega obra fueron condenados por corrupción. Entre ellos se encuentran el ex vicepresidente Jorge Glas, el ex ministro de electricidad y el ex contralor general del Estado. Este último hasta fue grabado mientras hablaba de sobornos chinos.
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La construcción de la obra fue encargada a Sinohydro de manera directa y sin ninguna licitación internacional.
Según una investigación de The New York Times de 2018, la obra se realizó en contra de todos los estudios y advertencias sobre las condiciones geológicas de la zona, en la que hay un volcán activo y es sujeta a terremotos. Otros estudios decían que la cantidad de agua del río no alcanzaba para tanta generación de electricidad.
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Un ex funcionario de la presa dijo a al medio estadounidense que no se tomaron en cuenta los estudios que advertían de los riesgos porque los altos funcionarios presionaron para avanzar con la construcción del proyecto porque “un nuevo estudio habría tomado varios años” y no querían retrasarlo.
“Había en juego fuerzas geopolíticas más poderosas que los riesgos ambientales”, escribió el NYT. “El presidente de Ecuador en aquel momento, Rafael Correa, había prometido modernizar a su país y liberarlo de la influencia de Estados Unidos”.
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Los problemas de la presa se agravaron a partir del 2 de febrero del 2020, cuando el colapso de la cascada de San Rafael aceleró la erosión del río. Según el geólogo Alfredo Carrasco, citado por el medio 4pelagatos, el proceso es tan rápido que en dos años la destrucción podría alcanzar la presa de captación de agua para la Coca Codo.

Revertir la situación, suponiendo que sea factible, tendría un costo inmenso, según los expertos consultados por ese medio. Probablemente imposible de sostener para Ecuador, un país que desde hace años sufre una grave crisis económica y de deuda, agravada por la pandemia de coronavirus.
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China
Proyectos como la hidroeléctrica y la reciente crisis de deuda de Ecuador están más conectados de lo que parece. Es que una gran parte de la deuda externa del país fue contraída con bancos de China para realizar mega proyectos como los de Codo Sinclair. Recientemente, el gobierno ecuatoriano reperfiló 891 millones de dólares de deuda contraída con el China Development Bank y Eximbank. La misma institución, esta última, que financió la presa.
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Al igual que en otros países emergentes o en vías de desarrollo del mundo, también en Ecuador Beijing fue ingresando poco a poco a la economía “como prestamista, como inversionista y como constructor de obras públicas”, según dijo Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Correa en 2007 a BBC.
Ante los problemas, tanto los ocasionados al ambiente como los de la obra, queda por ver si China se hará cargo de las reparaciones. Por el momento se esperan los resultados de una auditoria independiente realizada por una firma alemana y Beijing afirmó que asumirán las responsabilidades necesarias en caso de existir. Por otra parte, según medios locales no está del todo claro si los estudios ambientales fueron a cargo del Estado ecuatoriano o de la empresa china. El detalle no es menor, ya que sólo en este último caso, el gobierno podría exigirle a la constructora que realice las reparaciones e indemnice los daños al ambiente. De lo contrario, Ecuador deberá enfrentar a su “socio” en un litigio con escasas posibilidades de éxito.
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