La justicia de Bolivia dispuso este domingo prisión preventiva para el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros funcionarios sanitarios por su presunta culpabilidad en la compra sobrevalorada de respiradores españoles para pacientes con coronavirus.
“El juez ha determinado la detención preventiva para (el ex ministro) Marcelo Navajas, Geovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humerez en el penal de San Pedro”, informó a la prensa el fiscal Ruddy Terrazas.
Navajas estará en prisión por tres meses, mientras que los demás imputados lo harán por un lapso de seis.
Tras una audiencia que se prolongó por casi 12 horas y concluyó en la madrugada del domingo, el juez decidió también el arresto domiciliario de dos funcionarias del Ministerio de Salud que tuvieron relación con esta compra. En la evaluación del caso se tomaron en cuenta las cartas cursadas entre el Ministerio de Salud y la agencia de compras y contrataciones de ese despacho.
El ex ministro “ha autorizado este proceso”, sostuvo el fiscal Terrazas.
Rosario Canedo, abogada de Navajas, alertó que su defendido padece de una enfermedad cardíaca grave y que su estadía en prisión representa un riesgo para su vida.
Navajas fue destituido el pasado miércoles por la presidenta Jeanine Áñez, tras revelarse que los 170 respiradores adquiridos para encarar la pandemia no eran adecuados para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Tras la detención de Navajas, el ministerio de Salud estará a cargo, de forma interina, por la viceministra de Salud, Heidi Roca.
La semana pasada, la Áñez pidió “cárcel y todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un peso”: “Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”.
Informes posteriores indicaron que por estos equipos de manufactura española se había pagado un sobreprecio, al haber sido adquiridos a un precio unitario de 27.683 dólares, cuando otras empresas los ofrecían por entre 9.500 y 11.000 euros (10.312 a 11.941 dólares). La compra se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que dos empleados del organismo internacional también han sido convocados a declarar.
El escándalo comenzó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.
Este escándalo se registra en medio de una expansión del COVID-19 en Bolivia que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 5.915 personas y provocado unos 240 decesos.
Por su parte, este domingo el Gobierno interino pidió apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para “montar” un hospital en la región amazónica de Beni, ante la compleja situación que vive ese departamento que se declaró en desastre sanitario por el colapso de su sistema de salud por el coronavirus.
Áñez, escribió en su cuenta de Twitter que pidió al representante en Bolivia de la OMS, Alfonso Tenorio, y a sus ministros interinos de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, que vayan hasta esa región para “reorganizar” la “lucha contra el virus”. De la misma manera, instó a que se sume el director del Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz, Óscar Urenda, quien recientemente salió del hospital tras vencer el coronavirus, pues se ha destacado por su trabajo en esta región, la más golpeada del país por la enfermedad.
La presidenta interina solicitó que se pueda “montar un nuevo hospital de emergencia con 150 camas” para hacer frente al COVID-19, que ha colapsado hospitales de esa región, donde se reportan fallecidos por coronavirus en sus casas sin poder ser atendidos y fosas escavadas con urgencia en un cementerio de Trinidad, la capital de Beni.
La ministra interina de Salud de Bolivia, Heidi Roca, anunció que se está enviando “una cantidad importante” de especialistas, medicamentos, equipamiento e insumos a la región.
Con información de AFP y EFE
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