Las autoridades del departamento boliviano de Santa Cruz confirmaron este sábado un “brote epidemiológico” de COVID-19 en el penal de Palmasola, el mayor y más conflictivo del país, tras dar positivo 25 reclusos y confirmarse que también tenían la enfermedad dos reos fallecidos la semana pasada.
El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, explicó a los medios que se tomó muestras a 45 reos sospechosos de tener la enfermedad, dando positivo 25 y también se confirmó que dos reclusos que murieron hace unos días tenían COVID-19. Según Peña, 22 pacientes permanecen aislados del resto de la población dentro del mismo penal.
“Al tener un brote epidemiológico dentro del penal de Palmasola se han activado algunas medidas”, incluida la instalación de dos centros de atención dentro de la misma cárcel, uno para casos sospechosos y otro para los confirmados, indicó. Se prevé contar con un centenar de camas en estos centros para atender a los reclusos contagiados.
El funcionario también indicó que se coordina con la Dirección General de Régimen Penitenciario y la Alcaldía de Santa Cruz para establecer turnos médicos que garanticen la atención sanitaria las 24 horas dentro del penal. “Las otras medidas son de contención para evitar la interrelación dentro de los diferentes pabellones que tiene la cárcel”, señaló Peña.
Las autoridades regionales también pidieron a sus pares judiciales que agilicen los trámites de indultos y amnistías "para poder sacar del penal a las personas que están en grupos de riesgo", como reclusas embarazadas o quienes tengan enfermedades de base, añadió.
Dos reos fallecidos con síntomas de COVID-19 desataron las alarmas en Palmasola, la mayor penitenciaría de Bolivia con más de 5.000 internos y considerada la más conflictiva del país por los recurrentes episodios de tráfico de narcóticos y armas en su interior e intentos de fuga.
Los reclusos protestaron el pasado lunes para reclamar atención sanitaria y agilizar los procesos penales para que aquellos que ya cumplieron su sentencia puedan dejar la prisión. La situación derivó en la destitución del gobernador de la cárcel, Wilfredo Coca, por no haber tomado las medidas necesarias contra la enfermedad.
Desde marzo pasado, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, están restringidas las visitas a las cárceles del país para evitar que el virus llegue a estos centros, aunque sí está permitido el ingreso de alimentos.
La situación en Palmasola dejó en evidencia los problemas que persisten en las cárceles bolivianas desde hace años, como el hacinamiento causado por la tardanza de los procesos judiciales.
Los datos más recientes de Régimen Penitenciario señalan que en Bolivia hay 18.108 personas privadas de libertad, de las que 6.423 cuentan con sentencia y 11.685 están con detención preventiva.
Bolivia reporta 152 fallecidos y 3.372 casos del coronavirus SARS-CoV-2, según datos oficiales, en un país de unos once millones de habitantes.
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