El régimen cubano anunciará la sentencia contra el preso político José Daniel Ferrer el 12 de marzo

La fiscalía del régimen cubano mantuvo su pedido de 9 años de prisión contra el disidente y preso político José Daniel Ferrer, a quien acusa de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras que su esposa indicó que el tribunal dará a conocer la sentencia el próximo 12 de marzo.

Ferrer y sus allegados rechazan tanto la veracidad de los cargos como la imparcialidad del proceso, por lo que su esposa le indicó este jueves a Reuters que, una vez conozcan la decisión, “comenzarán a preparar la apelación de la condena ante el Tribunal Supremo Popular de Cuba”.

La Unión Europea publicó un comunicado en el que parece acordar con la postura. “Ferrer está siendo juzgado por lesiones. Sin embargo, la información disponible sobre su caso sugiere que el Sr. Ferrer está siendo enjuiciado por la manifestación pacífica de sus puntos de vista”, expresa un párrafo del mensaje.

Y agrega: “Sus derechos constitucionales al debido proceso han sido ignorados en el período previo al juicio. Los derechos del Sr. Ferrer a un juicio justo deben ser respetados estrictamente durante el proceso”, expresó. Representantes del bloque supranacional solicitaron presenciar la audiencia, pero fueron rechazados. Solo pudieron ingresar familiares directos de Ferrer, que fueron forzados a dejar fuera sus teléfonos celulares, dijo el miércoles a Efe por teléfono Ernesto Oliva, miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que lidera Ferrer.

“Esperamos que Cuba revise, con un sentido de urgencia, todos los casos de encarcelamiento relacionados al ejercicio de derechos fundamentales, y que libere a todos aquellos implicados, en línea con los compromisos internacionales adquiridos por Cuba”, concluye el documento.

No obstante, un documento enviado por allegados a Ferrer respecto del juicio hace referencia a una serie de publicaciones de la cuenta de Twitter del ministerio de Justicia, los cuales indican una postura tomada: “Ferrer tendrá un juicio justo en el cual se le garantizará su debido proceso, más de lo que tuvo el hombre que secuestró propinándole una severa golpiza. Es un delincuente común, no un preso político”, expresa uno de ellos.

El documento además detalla distintos hechos para fundamentar su aseveración de que el juicio no es imparcial:

• “Mientras la acusación ha tenido desde el 1 de octubre hasta el día del juicio oral para preparar la acusación, habiendo acopio de todo tipo de pruebas, la defensa fue nombrada apenas 9 días laborables antes del juicio”. Más allá de ello, Ferrer había transmitido desde prisión su voluntad de que no se contrataran abogados para afrontar el proceso legal, argumentando que "todo abogado cubano que tenga capacidad legal va a corresponder con el Partido Comunista, es decir, la dictadura”.
• “Además, la defensa se reunión con sus clientes, la familia, un único día, el jueves 20 de febrero el mismo día que el abogado podría haber emitido la solicitud de prueba al Tribunal. La familia no tuvo otra reunión de preparación del juicio con el abogado defensor. Todo esto se debe a dos factores. El primero es la concepción del ejercicio de la abogacía de defensa en Cuba. El segundo factor se ha debido a que el abogado de oficio nombrado no tuvo entre sus premisas actuar con la coordinación con la familia y buscar diligentemente el complemento de pruebas que pudieran aportarle por el bien de su defendido”.
• “Además de ello, hay que mencionar que se tuvo que recurrir a abogado de oficio porque el acusado no tenía confianza en cualquier abogado que nombrase cuando se le comunicó a finales de enero las conclusiones acusatorias del fiscal. Los abogados defensores dependen enteramente del Ministerio de Justicia y son tan de parte como lo es la fiscalía. Así lo ha demostrado Prisoners Defenders y ratificado las Naciones Unidas través de una reciente Resolución del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias”.
• “Los testigos que no estaban en prisión han sido amenazados (Sandy Ramírez, la familia Hidalgo) por la Seguridad. La mayoría de los testigos y acusados, han sido sometidos a torturas y/o coacción para testificar en el sentido de inculpar falsamente a José Daniel Ferrer”

José Daniel Ferrer es uno de los opositores más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del “grupo de los 75” condenados en el año 2003 y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.

Encarcelado desde hace más de cuatro meses, el líder de la Unpacu, de 49 años, fue detenido el pasado 1 de octubre junto a otros tres activistas opositores -que también son juzgados en la causa- y desde entonces permanece en la cárcel por supuestamente haber causado lesiones a un hombre.

La comunidad internacional, atenta al juicio

Su detención provocó fuertes reacciones en el exterior. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de Ferrer.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, había advertido este miércoles en Twitter de que esa institución “estará siguiendo lo que sucede hoy en el juicio” de Ferrer y de que reaccionará “en consecuencia a lo que pase”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también urgió el lunes al régimen cubano a liberar “inmediatamente” al disidente alegando que está preso “de forma injusta”

“Por el bien del pueblo cubano y por la mejora en su nación, le instamos a liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba”, señaló Pompeo, a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en una carta difundida por el Departamento de Estado.

Las autoridades cubanas, en tanto, sostienen que Ferrer tiene una “larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad”.

En noviembre pasado, la televisión estatal cubana emitió un inusual reportaje en el que mostró imágenes del opositor en prisión, ofreció detalles de la supuesta agresión por la que fue detenido y acusó a Ferrer de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos" y a la embajada de EE.UU. en La Habana de ser "el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas" del disidente.

El Gobierno cubano considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” y no admite tener a ningún preso político en sus cárceles.

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