La Justicia de Bolivia le pidió a España un informe sobre la presencia de los GEO tras el incidente en la Embajada de México en La Paz

La Fiscalía General de Bolivia ha solicitado un informe a las autoridades españolas sobre la presencia de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente del pasado 27 de diciembre en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz.

Además, ha iniciado los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fiscalía ha enviado una nota a la Cancillería para que, por vía diplomática, comunique a las autoridades españolas la remisión de un informe oficial “señalando las identidades de estas personas, con qué pasaporte ingresaron a territorio boliviano, qué autoridad solicitó la presencia de este grupo especializado y sobre todo el motivo por el cual se hizo presente este grupo del GEO en nuestro país”, ha explicado el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa.

En concreto, el documento remitido al Ministerio de Exteriores solicita que por vía diplomática correspondiente se transmita la solicitud a las autoridades competentes del Reino de España para que informen sobre estas cuestiones planteadas en relación con el incidente que se ha saldado con la expulsión de dos diplomáticos españoles expulsados del país.

Los diplomáticos expulsados son Cristina Borreguero, ‘número dos’ de la Embajada, y Álvaro Fernández, cónsul. Ambos se vieron envueltos en un incidente cuando, el pasado 27 de diciembre, visitaron a la embajadora de México, Teresa Mercado, cuya residencia llevaba días cercada por las fuerzas de seguridad boliviana y terminaron expulsados del país unos días después.

En concreto, la Fiscalía quiere conocer “la legalidad de los pasaportes y datos identificativos presentados por el personal del GEO a tiempo de ingresar a territorio boliviano, especificando si los mismos corresponden a la identidad de dichos funcionarios y segundo; cuál el motivo de su traslado a territorio boliviano o la tarea encomendada a dicho grupo especializado y la autoridad que solicitó su intervención”.

Esta petición se produce después de que el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo presentara hace unos días un memorial ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se cite para tomar declaración informativa en relación a estos hechos a personalidades españolas como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero, el líder de Más País, Iñigo Errejón, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

“Al respecto de este memorial, hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que, mediante cooperación internacional, tome las acciones necesarias y cite en calidad de testigos a estas personas que se menciona en el memorial para que brinden la información requerida”, ha explicado el fiscal general bolivariano.

El incidente se produjo porque, cuando visitaron la Embajada de México, los diplomáticos iban acompañados de policías españoles y el Gobierno boliviano dio credibilidad a las sospechas de vecinos de que podían estar intentando sacar de la Embajada a varios ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se han refugiado allí.

En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación negó de plano que el objetivo de la visita fuese sacar a personas de la Embajada y anunció una investigación para conocer lo sucedido. Además, avanzó que tan pronto como estuviera terminada comparecería en el Congreso la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha asumido temporalmente la cartera de Exteriores.

Además, la ministra boliviana de Exteriores, Karen Longaric, aseguró que Robles le había dicho que no había autorizado esa visita a la Embajada mexicana que estuvo en el origen de los incidentes.

Después del suceso, el Gobierno provisional de Bolivia declaró personas non gratas a los dos diplomáticos, que ya se encuentran en España. El Gobierno español lo consideró un acto hostil y reaccionó haciendo lo mismo con tres funcionarios destinados en la Embajada de Bolivia en Madrid.

Mientras, han pedido explicaciones al Gobierno PP, Ciudadanos y Vox, y varios miembros de este partido, entre ellos el eurodiputado Hermann Tertsch, se desplazaron a Bolivia y afirmaron que España le debe a este país un “gesto de desagravio” por una “situación inadmisible”. Vox afirmó haber recibido del Gobierno de Jeanine Áñez “información sensible” sobre el incidente.

Con información de Europa Press

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