El gobierno de Evo Morales destituyó al comandante de la Policía en Santa Cruz por los motines en apoyo a la oposición

El comandante departamental de la Policía boliviana en Santa Cruz, Igor Echegaray, ha sido relevado al frente de estos efectivos después del amotinamiento de policías en apoyo a la oposición en favor de la petición de repetición electoral. “Es Usted replegado y puesto a disposición de la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana”, explica el memorando de destitución, recogido por la prensa boliviana.

La destitución de Echegaray se suma a la del pasado jueves del comandante de la Policía en el departamento de Cochabamba, Raúl Grandy, reemplazado por el coronel Jaime Zurita. Fue en Cochabamba donde empezó el motín.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha informado en la madrugada de este sábado que buscará los mecanismos para acercarse a la tropa policial y "reencauzar su malestar", pero evitó referirse a un motín.

Policías de las ciudades de Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz se han rebelado este viernes para protestar contra el Gobierno de Morales. El sábado se han sumado policías de Potosí y Pando y también hay noticias de amotinamiento en La Paz.

De hecho, un “numeroso” grupo de policías bolivianos, integrantes del cordón de seguridad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede de la Presidencia del país, han decidido amotinarse y han abandonado sus posiciones a primera hora de este sábado, según informan los medios nacionales.

"Es motín, no es acuartelamiento", ha declarado uno de los uniformados mientras se replegaba, como parte de una columna, hasta las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

Según los testigos del diario ‘El Deber’, los cordones de seguridad en los accesos a la Casa Grande del Pueblo han quedado “casi desguarnecidos” y “a merced de las movilizaciones populares” que exigen la renuncia del presidente del país, Evo Morales.

CRISIS ELECTORAL

Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el principal líder opositor, Carlos Mesa.

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.

En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.

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