Bolivia: el Gobierno denuncia que las protestas son financiadas por el narco y las vincula con Evo Morales

El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz que estaría financiado por el narcotráfico. Según el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, las protestas sociales estarían promovidas por el expresidente Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical de Morales en Cochabamba, al centro del país.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa en la que manifestó la predisposición de la administración de Paz para dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.

Morales no hizo referencia a las acusaciones del vocero, pero horas antes había manifestado en X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria” y que los “miles” de manifestantes no obedecen a “una sola persona”.

Este jueves se vivió una jornada de violencia en la que cooperativistas mineros se enfrentaron con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes se reunían con el Gobierno para negociar pedidos sindicales. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la madrugada se llegó a un acuerdo para suspender las medidas de presión sobre el que hasta la publicación de esta nota no se ha dado más información.

Sin embargo, el de los mineros es solo uno de los frentes de múltiples conflictos que enfrenta el Ejecutivo. En las últimas semanas hubo una escalada de protestas que inició con demandas de varios sectores —como maestros y transportistas— que derivó en crecientes pedidos de renuncia al presidente.

Hace diez días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz inició un bloqueo de caminos “indefinido” que ha provocado un cerco a la sede de Gobierno, con un promedio de 20 piquetes simultáneos, para exigir la dimisión de Paz. Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las protestas por un rechazo general a las políticas gubernamentales, luego de que no fuera aceptada su demanda de incremento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ante los medios que “el pedido único” que tiene el sindicato de trabajadores es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”.

Por otro lado, los seguidores del expresidente Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en rechazo a la propuesta presidencial de hacer reformas parciales a la Constitución Política del Estado y para exigir el cese de los procesos judiciales que tienen acorralado a su líder en su bastión. Se estima que la marcha arribe a la sede de Gobierno el martes de la próxima semana.

Ante la escalada de conflictos, la administración de Paz ha llamado al diálogo a los sectores para negociar las demandas sindicales y ha firmado un decreto para entregar un bono “por única vez” a la Policía.

El pago, denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía”, se entregará en reconocimiento a “la noble labor cumplida en defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el Decreto Supremo 5620. Si bien el documento no menciona el monto, fuentes policiales señalaron que es casi equivalente a un salario mínimo.

En este escenario de conflictividad, el vocero del evismo, Christian Velasco, denunció que el Gobierno apunta a dictar estado de sitio en dos departamentos y detener al líder cocalero. “Por información de militares patriotas, en las próximas horas se estaría dictando estado de sitio en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la excusa de las protestas sociales”, afirmó Velasco en un video difundido en redes sociales y dijo que la intervención militar tendría como fin “detener al presidente Evo Morales o quitarle la vida”.

El vocero Gálvez no descartó la implementación de medidas de excepción y manifestó que se hará uso de las herramientas constitucionales para preservar el orden democrático. “El gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que hará el gobierno es usar esas prerrogativas cuando sea pertinente para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.