Guatemala: corrupción e inseguridad son los primeros retos del próximo presidente

El próximo presidente de Guatemala será Alejandro Giammattei, un derechista ex director del sistema penitenciario nacional.

Con el 58% de los votos, Giammattei venció a la ex primera dama Sandra Torres por 16 puntos en la segunda ronda de las elecciones de Guatemala el 11 de agosto. Fue su cuarta candidatura a la presidencia.

Como candidato, Giammattei habló de crear empleos y de luchar contra el crimen en este país centroamericano pobre y asolado por la violencia. Pero su campaña ofreció pocas propuestas políticas excepto adoptar mano dura contra las pandillas como la MS-13 que operan con impunidad en Guatemala, construir nuevas cárceles y restablecer la pena de muerte.

Giammattei aún no ha acordado implementar el polémico acuerdo reciente de su país con la administración Trump para evitar que los migrantes centroamericanos atraviesen Guatemala.

Entre los partidarios de Giammattei, de 63 años de edad, se incluyen ex militares, la extrema derecha, evangélicos y líderes empresariales — esencialmente el mismo electorado que llevó al poder al presidente saliente Jimmy Morales. Pero las encuestas sugieren que Giammattei ganó principalmente gracias a la extrema impopularidad de su oponente, que tiene un historial de acusaciones de corrupción.

Muchos guatemaltecos expresaron su temor de que, independientemente de quién ganara la segunda ronda, esta elección representaría el final de la década de lucha de Guatemala por erradicar la enorme corrupción gubernamental.

No habrá más justicia

Giammattei es aliado del presidente Jimmy Morales, quien es objeto de investigación por financiamiento ilícito de campaña.

Su círculo de allegados de ex generales y miembros de la élite que han gobernado el país durante décadas también respaldaron al desacreditado ex presidente Otto Pérez Molina, quien renunció durante un escándalo en 2015 y fue encarcelado horas después por corrupción.

Giammattei está estrechamente ligado a los viejos grupos de inteligencia militar que han dominado la política guatemalteca entre bambalinas desde el fin en la década de 1990 de una sangrienta guerra civil que duró 36 años.

Su mandato como director del sistema penitenciario nacional se vio empañado cuando siete presos fueron asesinados en circunstancias sospechosas en 2006 en la prisión guatemalteca de Pavón, un sitio célebremente problemático.

Según los fiscales, los asesinatos los cometió un escuadrón de la muerte de la prisión que trabajaba dentro de las cárceles, con la aprobación explícita de los administradores, para exterminar la "escoria" de la sociedad y los "enemigos del Estado". Tres de los asesinos fueron condenados por asesinato en Guatemala por las muertes en las prisiones.

Giammattei fue acusado de conspiración, pero fue absuelto en 2013. El año pasado, un tribunal suizo de apelaciones condenó a su cómplice acusado, el ex director de la Policía Nacional, Edwin Sperisen, a 15 años de prisión.

No se esperaba que Giammattei se convirtiera en el presidente de Guatemala.

Al principio de la contienda, la favorita era Thelma Aldana, la ex fiscal general de Guatemala, con un excelente historial en la lucha anticorrupción. Pero en mayo quedó excluida del proceso electoral por presunta malversación financiera. Eso llevó a Sandra Torres al primer lugar, y dejó a Giammattei en un distante segundo lugar.

Muchos consideraron que el dictamen contra Aldana tuvo motivos políticos.

Como fiscal general de 2014 a 2018, Aldana trabajó estrechamente con el panel anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas conocido como CICIG. Desde su creación en 2007, la CICIG ha enjuiciado a tres ex presidentes y a más de 600 altos funcionarios en Guatemala por varios delitos, desde lavado de dinero y malversación de fondos hasta lazos con el crimen organizado.

Cuando el presidente Morales expulsó al Comisionado de la CICIG a principios de este año, Aldana protestó vehementemente. Posteriormente, abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

Giammattei dice que continuará la lucha contra la corrupción endémica, pero se opone a la CICIG, la cual apoyó su enjuiciamiento en el caso de la prisión de Pavón. A pesar de un apoyo popular del 72%, la comisión se desintegrará en septiembre.

Giammattei no ha ofrecido ningún plan concreto para continuar la limpieza del gobierno de Guatemala. Sin los investigadores y fiscales de la CICIG, es poco probable que Giammattei saque el país del pantano de la cleptocracia, la violencia y la pobreza extrema que provoca que miles de guatemaltecos desesperados huyan a otros países cada año.

Problemas en el futuro, problemas en el pasado

Mediante el soborno, la coerción y la amenaza de violencia, los carteles criminales se han infiltrado en el gobierno de Guatemala en los últimos 20 años.

Una investigación de la CICIG reveló que la mitad del financiamiento de los partidos políticos proviene del crimen organizado y la corrupción. En el congreso de Guatemala, a los diputados corruptos, a quienes se les conoce por aceptar sobornos, se les conoce localmente como el "Pacto de corruptos".

El bloque más grande en el congreso entrante, que asumirá el cargo el 1 de enero, será del partido Unidad Nacional de la Esperanza de Torres. Apenas 17 de los 158 diputados guatemaltecos pertenecen al Partido Vamos de Giammattei.

Un pequeño bloque de diputados procederá de un nuevo partido de centroizquierda llamado Semilla, el cual nominó a Aldana como su candidata a la presidencia. La presencia de Semilla garantiza que Giammattei tendrá una oposición vocal en el congreso.

Se espera que una mayoría conservadora de diputados intente nuevamente aprobar una polémica ley de amnistía que perdonaría a ex militares condenados por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil de Guatemala y evitaría que se enjuicie a los acusados de violaciones de derechos humanos.

Dados sus vínculos con el ejército, Giammattei probablemente apoyaría esa ley de amnistía.

Los jueces guatemaltecos que, con el apoyo de la CICIG, han encarcelado a ex militares y políticos corruptos y genocidas han enfrentado investigaciones infundadas contra ellos y amenazas a su seguridad. Lo mismo les ha sucedido a los activistas defensores de los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente.

Estos ataques al estado de derecho en Guatemala normalmente generarían críticas del gobierno estadounidense. Pero por el momento no reciben respuesta alguna, ni de la administración Trump ni del nuevo presidente electo de Guatemala.

Naomi Roht-Arriaza es profesora de derecho del Hastings College of the Lawde la University of California.

Publicado originalmente por The Conversation.