El Partido Liberal, el mayor de la oposición, anunció este miércoles que impulsará un juicio político contra el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, ante la crisis que sufre el Gobierno tras la firma de un polémico pacto energético con Brasil.
El presidente del partido, Efraín Alegre, añadió a los periodistas, tras reunirse con otros representantes de formaciones opositoras, que además presentarán mañana ante la Fiscalía acciones penales contra todos los implicados en ese pacto, firmado en mayo.
Anunció también movilizaciones para este viernes por parte de partidos y organizaciones sociales para lograr un escenario que transite hacía nuevas elecciones.
En el mismo sentido se manifestó la presidenta del socialista Partido Revolucionario Febrerista, Josefina Duarte, quien se pronunció por un cambio de Gobierno tras las movilizaciones que se preparan en todo el país.
"Ya no tenemos confianza en el Gobierno, por lo tanto creemos que debe dejar su lugar a otras personas e iniciar uno más serio y responsable", dijo Duarte tras una reunión de la Mesa de Presidentes de Partidos Políticos de la Oposición.
El Frente Guasu, la formación de izquierda del senador y ex presidente Fernando Lugo, no participó de la reunión porque se encontraba reunido para tomar una decisión sobre ese juicio político, aunque Alegre dijo que espera que apoyen la iniciativa.
La Mesa opositora aglutina, además de a liberales y al Frente Guasu, al Partido Democrático Progresistas (PDP) y Partido Encuentro Nacional (PEN), todos con escaños en el Congreso.
La crisis política que sufre el Gobierno desde la pasada semana se amplificó este martes tras las informaciones divulgadas en algunos medios que salpican a Velázquez.
Según esa informaciones, un presunto asesor de Velázquez habría influido para que las negociaciones de ese acuerdo con Brasil excluyeran un punto que permitiría a la estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas a través de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por los dos países.
El controvertido acuerdo, firmado en mayo pero conocido la semana pasada, provocó una crisis y las renuncias del canciller Luis Alberto Castiglioni y otros cuatro altos cargos del Gobierno.
Antes de la renuncia, Castiglioni anunció que el acuerdo quedaba sin efecto, aunque las consecuencias del mismo están cercando al Gobierno de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.
Con información de EFE
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