La Corte Suprema de Guatemala autorizó iniciar un antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito

Una comisión del Congreso se encargará de analizar si se le debe retirar la inmunidad al presidente, para la posterior votación de los diputados. También se iniciará un proceso contra la legisladora Nineth Montenegro

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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala dio luz verde este miércoles para iniciar un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro en el marco de una investigación por presunto financiamiento electoral ilícito.

De esta manera, el antejuicio contra el jefe de Estado será trasladado al Congreso. Allí, los parlamentarios conformarán una comisión que se encargará de investigar y analizar si se le debe retirar la inmunidad al mandatario.

Luego, el resultado de ese análisis será enviado al pleno para que los diputados voten si finalmente Morales pierde la inmunidad. Para ello serán necesarios 105 votos de los legisladores.

En el caso de Montenegro, será un juez quien, en el plazo de 60 días hábiles, se encargará de informar a la Corte si recomienda o no quitarle los fueros a la diputada. No obstante, en este caso será la CSJ quien tenga la última palabra.

Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que el Gobierno es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, y adelantó que las actividades del Ejecutivo seguirán su curso habitual.

Nineth Montenegro
Nineth Montenegro

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan al presidente por presunto financiamiento electoral ilícito.

El mandatario está acusado de no haber reportado poco más de un millón de dólares durante el proceso electoral de 2015.

Montenegro, por su parte, es investigada por tres irregularidades.

En diciembre de 2016 el Tribunal Supremo Electoral presentó una denuncia contra la legisladora del bloque Encuentro por Guatemala, por no haber informado un financiamiento de más de 2.300.000 dólares.

También la acusan de no haber reportado los diez mil dólares que aportó la empresa Maximum Financial and Investments Services a su partido.

El MP sostiene, además, que el bloque recibió más de 250.000 dólares de la empresa Publicidad Avance S.A. en 2011.

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