En América Central, Costa Rica es un país muy especial, conocido por su estabilidad institucional, su funcionamiento sin ejército, sus bellezas naturales (de playas a volcanes), su fútbol y su turismo sofisticado. La violencia que se ha vivido y se vive en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala parecía imposible. Sin embargo, en 2017 superó el récord de homicidios denunciados, con 603 asesinatos, o 12,1 por 100.000 habitantes.
"Y 2018 no pinta mejor", advirtió una investigación de InSight Crime. ¿La razón? "La creciente violencia, generada por grupos criminales locales que se enfrentan por el control de los mercados nacionales de las drogas".
En efecto, la primera mitad contó 302 homicidios, según registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ): de hecho, es una cantidad superior a la registrada en los seis primeros meses del año anterior. Las estimaciones oficiales proyectan un nuevo récord para 2018: 625 homicidios.
Entre las explicaciones al aumento de la violencia, la investigación de Bjorn Kjelstad, Deborah Bonello y Juan Diego Posada identificó temas como "la creciente fragmentación del hampa, una mayor presencia de armas de fuego y el nuevo papel del país en el mapa de las drogas a nivel regional".
Costa Rica fue un punto para el transbordo de la cocaína que se traficaba desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Pero las bandas locales que protegían y transportaban los cargamentos comenzaron a cobrar en cocaína, y la circulación de la sustancia aumentó en el territorio. Con los años se creó un mercado tico, y las bandas comenzaron a competir por su control.
"En promedio, los grupos locales pueden obtener entre USD 2.000 y USD 3.000 por día en una sola plaza", citó InSight Crime al ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto. "Sin embargo, muchos grupos controlan hasta cinco, seis o siete puntos de venta de drogas".
El gobierno se ha centrado en perseguir a los líderes de esos grupos locales. Pero un efecto secundario indeseado ha sido la fragmentación y el aumento de "la violenta competencia por los mercados". InSight Crime ofreció el ejemplo del arresto, en 2012, de Marco Antonio Zamora Solórzano, uno de los principales narcotraficantes del país, que había controlado durante años la parte sur de la ciudad de San José: tras su detención, la estructura criminal que Zamora Solórzano había desarrollado se rompió en distintos grupos que comenzaron a competir por quedarse con el control de la capital y en 2013 hubo un aumento de la tasa de homicidios.
El poder de los narcotraficantes no termina cuando llegan a la cárcel: algunos "han logrado dirigir actividades de tráfico de drogas a nivel local, así como el asesinato de sus rivales, desde el interior de las prisiones", ilustró Kjelstad. Así lo hizo Leonel Mora Núñez, quien administró la distribución y ordenó diversos homicidios desde su arresto en 2009, y también Luis Ángel Martínez Fajardo, "quien continúa dirigiendo actividades criminales en Costa Rica desde una prisión nicaragüense".
Se verificó, de manera concomitante, una mayor presencia de armas de fuego en la sociedad. "No está claro de dónde provienen, pero existe un importante flujo de armas a través del corredor centroamericano como consecuencia de las guerras civiles", dijo Walter Espinoza, director del OIJ, a la publicación especializada en la violencia en América Central. Se cree que el tráfico de armas se debe a redes vinculadas con México, Colombia y Panamá.
Para enfrentar el problema, el gobierno costarricense va a aplicar una estrategia complementaria a la detención de los grandes traficantes: una iniciativa de seguridad pública basada en la experiencia de la ciudad de Medellín, en Colombia. Se trata del programa "Sembremos seguridad", que intenta unir los esfuerzos de las fuerzas federales y las municipales, además de destinar recursos a la prevención.
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