La defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel, presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) para frenar el inminente ingreso en prisión del líder sindical.
Los abogados ingresaron un habeas corpus ante el STJ (por sus siglas en portugués) después de que el juez de primera instancia Sergio Moro firmara el jueves la orden de prisión contra el ex presidente.
El Tribunal Superior ya había negado previamente un habeas corpus presentado por la defensa de Lula para evitar que fuera preso antes de agotar todos los recursos en instancias superiores.
Ese mismo recurso fue presentado por la defensa ante el Supremo, que la madrugada de este jueves también lo rechazó en una ajustada votación por 6 votos a 5, facilitando así la prisión del principal líder de la izquierda brasileña.
Ahora, la defensa de Lula cuestiona el decreto de prisión expedido la víspera por Moro al asegurar que contradice la sentencia proferida por el tribunal en segunda instancia que en enero aumentó su condena de nueve a doce años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
"Están contrariando la propia decisión del tribunal del día 24 (de enero), cuando los tres magistrados determinaron que la prisión solo podría acontecer después de agotada toda la tramitación en segunda instancia. Estamos dentro de plazo", dijo la víspera el abogado Cristiano Zanin.
Lula (2003-2010) tiene de plazo hasta las 17:00 hora local (20.00 GMT) de este viernes para presentarse ante la Policía Federal de Curitiba, ciudad en la que deberá cumplir su condena.
El ex obrero metalúrgico pasó la noche reunido con aliados políticos en la sede del sindicato de los metalúrgicos de la localidad de São Bernardo do Campo (San Pablo), donde analiza su estrategia ante su inminente encarcelamiento.
Durmió en la sala de la presidencia del sindicato y estuvo solo de las 2 a las 7 de la mañana, según confirmaron a EFE fuentes del instituto que lleva su nombre.
Lula se ha recluido en los últimos días y no se ha dirigido públicamente a la militancia desde que el Supremo negara en la madrugada del jueves el primer habeas corpus presentado por la defensa.
El ex jefe de Estado fue condenado en 2017 por Moro a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la pena fue ratificada y ampliada a 12 años por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre el pasado 24 de enero.
La Justicia le acusa de haber recibido un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de San Pablo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a Petrobras.
(Con información de EFE)
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