El asesinato de la concejala Marielle Franco que conmocionó a Brasil es un asunto prioritario para los investigadores que descubrieron que las balas asesinas pertenecían a un lote comprado por la policía. La Procuraduría sospecha que los autores fueron parapoliciales, según revelaciones de la prensa local.
Franco, concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y su chofer, Anderson Gomes, fueron acribillados con entre 9 y 13 balazos el miércoles por la noche con proyectiles calibre 9 milímetros.
Los investigadores de la Policía de Río de Janeiro descubrieron que las balas pertenecen a un lote comprado por la Policía Federal en Brasilia, reportó hoy la cadena Globo.
La Policía Federal informó que abrió una investigación para esclarecer cuál fue el recorrido de ese lote hasta llegar a las armas de los atacantes del vehículo donde se desplazaba la concejala.
El atentado sacudió a Río de Janeiro y luego se replicó en las principales ciudades del país con movilizaciones en San Pablo, Belo Horizonte y Salvador de Bahia, la capital con más alta proporción de habitantes afro-descendientes, la etnia a la que pertenecía la dirigente política.
Franco era una joven socióloga negra que fue la quinta concejala más votada en las elecciones municipales de 2016.
El equipo de investigadores también reveló que el crimen fue perpetrado por un grupo de personas en dos vehículos, uno que atacó a Franco, y otro que había seguido sus movimientos.
Este conjunto de elementos reforzó la hipótesis, planteada ayer por la Policía, de que la concejala fue víctima de una "ejecución", y no de un delito común. Un día antes de ser ultimada la dirigente del PSOL había emitido por Twitter una denuncia contra un batallón policial al que acusó de actuar con violencia y matar a los vecinos de las favelas.
Franco tenía su base política en la favela Maré, una de las más violentas de Río de Janeiro, explicó ANSA.
Correligionarios de la concejala y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía y la Comsión Interamericana de Derechos Humanos, demandaron una investigación rápida del caso. Humans Right Watch también solicitó el esclarecimiento del caso y denunció la "impunidad" con que actúan los delincuentes en Río de Janeiro.
Desde el gobierno tanto el presidente Michel Temer como su ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, asumieron el compromiso de esclarecer el caso.
Jungmann, que ayer viajó de urgencia a Río de Janeiro, propuso que las averiguaciones queden en manos de la policía de Río de Janeiro, estado que se encuentra bajo intervención militar.
En cambio la procuradora general de la República, Raquel Dodge, respalda que el caso quede bajo la órbita de la Policía Federal y anunció que observará la evolución de las averiguaciones.
Dodge dijo este viernes que Brasil es "un país con alto nivel de impunidad". Y agregó: "Nuestra expectativa es acompañar las investigaciones para garantizar que todo se realice con mucha seriedad".
Fuentes cercanas a la fiscal Raquel Dodge dejaron trascender que la Procuraduría trabaja con la hipótesis de que los asesinos podrían estar relacionados a las bandas parapoliciales.
De acuerdo con ese trascendido en la Procuraduría compararon el crimen de la concejala con el de la jueza Patricia Acioli, acribillada con 21 balazos en 2011. Esa magistrada fue ejecutada en represalia por sus investigaciones de bandas formadas por policías que actuaban en la periferia de Río de Janeiro.
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