Guatemala: la Justicia revoca permiso médico a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y ordena su regreso a prisión preventiva

El juez Eduardo Orozco ordenó este miércoles 4 de noviembre que la exvicepresidenta Roxana Baldetti regrese de inmediato a prisión preventiva, al revocar los permisos médicos que le permitían permanecer fuera de la cárcel para recibir tratamiento. La medida dispone su traslado al centro de detención para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, porque vencieron los plazos de las prórrogas judiciales concedidas.

De acuerdo, con el reporte de medios guatemaltecos, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B tomó la decisión durante una audiencia del caso Cooptación del Estado, después de que el Ministerio Público solicitara dejar sin efecto el beneficio. La exfuncionaria participó de la sesión mediante videoconferencia desde su residencia.

La fiscalía sostuvo que Baldetti llevaba siete meses sin asistir a una consulta con el neurocirujano que sigue su tratamiento en el Hospital General San Juan de Dios. La próxima evaluación quedó fijada para el 24 de noviembre en la unidad de neurocirugía del centro asistencial.

Los plazos vencidos y la cita médica pendiente

El expediente judicial incluye un informe del hospital fechado el 6 de junio de 2026, que descartó que el especialista acudiera a la vivienda de Baldetti para realizarle el examen. La acusada había pedido que la atención se efectuara en su domicilio para evitar el traslado, pero el centro médico rechazó esa posibilidad porque ya tenía turnos asignados para otros pacientes.

La exvicepresidenta tampoco acudió a una cita programada con antelación, según una resolución emitida el 23 de junio de 2026. El Ministerio Público consideró que esa inasistencia impedía prolongar su permanencia fuera de prisión hasta la consulta prevista para finales de noviembre.

El permiso había sido extendido por 60 días, pero la fiscalía señaló que el plazo ya había vencido 70 días después de la resolución que lo autorizó. Para el juez, los aplazamientos de los exámenes y las ausencias acreditaron el vencimiento de las prórrogas, más allá de las explicaciones ofrecidas por la defensa.

El abogado defensor Melkin Escobar afirmó que su clienta no se negó a recibir atención médica. Explicó que el Sistema Penitenciario envió vehículos tipo picop para trasladarla al hospital y que Baldetti consideró que ese medio representaba un riesgo por su estado físico.

La exvicepresidenta sostuvo ante el tribunal que “no ha incumplido” ninguna de las disposiciones judiciales impuestas. También explicó que los vehículos enviados podían agravar sus lesiones: “Al más mínimo impacto, se puede resentir la columna porque recibe todo el golpe”.

Baldetti aseguró que los estudios médicos recientes detectaron una masa cerebral cuya naturaleza y peligrosidad todavía deben ser evaluadas. Añadió que padece una enfermedad ósea degenerativa sin cura, tiene problemas en la cadera que restringen su movilidad y carece de recursos para pagar una ambulancia.

Orozco recordó que la próxima consulta con el especialista ya estaba establecida y señaló que la responsabilidad por la salud de la procesada corresponde al Sistema Penitenciario, de acuerdo con la obligación constitucional del Estado de brindar atención sanitaria a sus habitantes. Escobar pidió una nueva extensión de 30 días para el permiso especial, pero el magistrado rechazó la solicitud por haber sido presentada fuera de plazo.

Una década de procesos por corrupción y financiamiento electoral

El caso Cooptación del Estado investiga desde hace 10 años al binomio presidencial que gobernó Guatemala entre 2012 y 2016. La acusación sostiene que se creó una estructura financiera para captar fondos y lavar dinero destinado a financiar la campaña del desaparecido Partido Patriota.

La investigación incluye a cerca de 75 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Martínez y el empresario Jonathan Chévez, señalado de manejar transacciones financieras de la estructura. Los delitos atribuidos comprenden asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

La audiencia también abrió la etapa intermedia del proceso, en la que se definirá si Baldetti enfrentará juicio por cuatro delitos en esta causa. La decisión llega después de más de nueve años de demoras procesales.

La exvicepresidenta acumula dos condenas firmes. En octubre de 2018 recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, relacionado con el manejo de fondos destinados a la recuperación del lago de Amatitlán.

En diciembre de 2022 fue condenada a 16 años de cárcel por el caso La Línea, por liderar junto con Pérez Molina una estructura de defraudación aduanera que operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. La sentencia incluyó una multa de 8.709.580 quetzales y una orden de reparación digna al Estado por 1.741.910 quetzales.

Ambas condenas fueron recurridas en casación ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía no emitió una decisión sobre esos recursos. Baldetti está privada de libertad desde agosto de 2015, cuando fue detenida por el caso La Línea, aunque en octubre de 2025 obtuvo autorización judicial para salir de prisión y someterse a una cirugía de columna.

Además de Cooptación del Estado y Agua Mágica, enfrenta un proceso pendiente por plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. También tiene una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, país al que aceptó ser enviada en 2017 una vez que se resuelvan sus causas judiciales en Guatemala.