La Superintendencia de Bancos de Guatemala designó a cinco intendentes para el período 2026-2030, quienes acompañarán al superintendente Juan Carlos Catalán Herrera durante una etapa marcada por la aplicación de la nueva ley contra el lavado de dinero y la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027.
La revisión internacional será la quinta ronda de evaluación mutua a la que se someterá el país. El resultado medirá la capacidad del sistema financiero y de las autoridades para prevenir, detectar y perseguir operaciones vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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La estructura técnica combina funcionarios con décadas de permanencia en la institución y perfiles especializados en supervisión, análisis económico, seguros, inteligencia financiera y administración estratégica. Cada intendencia tendrá responsabilidades directas sobre la adaptación de las entidades reguladas al Decreto 15-2026.
Supervisión bancaria y análisis financiero en manos de funcionarios de carrera
La Intendencia de Supervisión Bancaria estará a cargo de Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene maestrías en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Rafael Landívar.
Zepeda acumula más de 32 años de experiencia en banca y supervisión, con un recorrido en la Superintendencia de Bancos que comenzó en 2001. Desde esa área deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las entidades bancarias dentro del nuevo esquema de prevención financiera.
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La Intendencia de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras quedó bajo la conducción de Ricardo Alvarado del Valle. El economista tiene más de 25 años de experiencia en banca y análisis macroeconómico, además de una trayectoria institucional que también se inició en la Superintendencia de Bancos en 2001.
El diseño y la actualización de normas para las entidades financieras formarán parte de las funciones de esa dependencia. Su labor se vincula con la necesidad de traducir las disposiciones de la nueva legislación en reglas operativas para los sectores alcanzados.
La Intendencia de Seguros será dirigida por Héctor Antonio Espina Lima, contador público y auditor que ingresó a la institución en 1991. Cuenta con más de tres décadas de experiencia interna y posee maestrías en administración financiera y gestión y técnica de seguros.
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José Ricardo Sánchez Segura asumirá la Intendencia de Administración Estratégica. Es economista, tiene más de 28 años de trayectoria en instituciones de banca central y experiencia en inclusión financiera.
La inteligencia financiera ante las nuevas reglas contra el lavado de dinero
La Intendencia de Verificación Especial, encargada de la inteligencia financiera del país, será liderada por Ana Luisa Folgar Caceros, abogada y notaria con más de 22 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Folgar fue directora ejecutiva adjunta del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ese antecedente adquiere relevancia por la función que tendrá la Intendencia de Verificación Especial en la implementación de las nuevas obligaciones y ante la evaluación regional prevista para comienzos de 2027.
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El Decreto 15-2026 entró en vigor el 17 de septiembre y sustituyó el marco legal vigente desde 2001 y 2005. La norma amplió los deberes de reporte y de debida diligencia para bancos, aseguradoras y otros sectores definidos como personas obligadas.
La modificación también alteró la comunicación con el Ministerio Público. La Intendencia de Verificación Especial dejó de presentar denuncias directas y pasó a trasladar información de inteligencia financiera preliminar y analítica, que el ente investigador deberá corroborar antes de ejercer acción penal.
La Superintendencia de Bancos dispone de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para elaborar el reglamento que permitirá aplicar sus disposiciones. El proceso avanza mediante la socialización con sectores privados y financieros, y será determinante para la evaluación de Gafilat.
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Las sanciones administrativas para las entidades que incumplan sus obligaciones de monitoreo y reporte pueden llegar a USD 300.000. La pena de prisión por lavado de dinero fue fijada entre seis y 20 años, con un aumento de un tercio cuando el responsable sea un funcionario público.
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