La primera legisladora transexual de la historia de Uruguay cayó en desgracia y vio truncada su fugaz carrera política al verse obligada a renunciar a su partido este miércoles, tras quedar seriamente comprometida ante la justicia por un caso de fraude.
Michelle Suárez, de 33 años, fue considerada por un grupo de peritos responsable de falsificar firmas en documentos de un caso en el que estaba involucrada como abogada, lo que la dejó comprometida judicialmente y este miércoles fue obligada a renunciar al Partido Comunista uruguayo (PCU), tras entregar su banca legislativa el martes.
"El fallo es contundente. Desde el punto vista del Partido Comunista no hay dos lecturas (…). En función del fallo Michelle Suárez está presentando renuncia", aseguró Juan Castillo, presidente del PCU y quien pasó a ocupar su banca en el Senado.
Castillo se expresó "muy dolido" y pidió "disculpas" a los votantes en nombre del PCU.
Suárez había hecho historia al ingresar en el Parlamento uruguayo asumiendo en octubre como senadora de la coalición gobernante Frente Amplio (FA) ascendiendo como suplente por la salida del senador comunista Marcos Carámbula.
Pero antes había también registrado un logro inédito porque en 2010 se convirtió en la primera persona transexual del país en obtener un título universitario.
Sin embargo, su desbarranque se acentuó luego de que transcendiera que estaba involucrada en una investigación judicial por su actividad privada como abogada, en un caso de 2014 en el cual un hombre inició un juicio a su exesposa para que le permitiera fijar visitas a su hija.
El hombre, que tenía a Suárez como abogada, luego supo que había documentos supuestamente firmados por él en los que renunciaba a la patria potestad, con lo cual acudió a la justicia.
En ese marco, la junta de peritos confirmó que había firmas falsificadas por Suárez en la documentación manejada en el litigio. La hoy afectada había negado hacía un mes que hubiera cometido la irregularidad.
En las últimas semanas, Suárez estaba trabajando en un proyecto de ley para proteger y compensar a la población trans (transexuales y transgénero) de Uruguay, a la que considera históricamente marginada y hostigada.
Con información de AFP
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