La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó este lunes “estado de excepción” en dos provincias del sur, una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción) para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía”, dijo en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.
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En La Araucanía, el Biobío y otras regiones del sur existe hace décadas una disputa territorial que enfrenta al Estado, con algunas comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos económicos que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Las fuerzas militares habían sido desplazados en la región de La Araucanía y localidades de la vecina región del Biobío el 12 de octubre de 2021 por orden del gobierno del conservador Sebastián Piñera.
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En la campaña electoral Boric se comprometió a retirar a los militares de la zona, una medida que concretó el pasado 27 de marzo, cuando transcurridos seis meses desde su llegada los unidormados dejaron las labores de resguardo en el sur de Chile.
Pero tras intentar sin éxito aprobar en el Congreso despliegue “intermedio” de militares, con una presencia acotada solo a algunos lugares, y frente a un notorio incremento de los ataques incendiarios, su gobierno debió echar pié atrás y volver a recurrir a esta medida de emergencia para el resguardo del lugar.
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La ministra Siches explicó que junto al nuevo decreto del “Estado de Emergencia”, que permite el desplazamiento de las fuerzas militares, continuarán con su política de diálogo con las comunidades mapuches y una política más amplia en la compra de tierras.
Primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales y agricultores.
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Grupos radicales indígenas se han atribuido parte de esos ataques, aunque también se denuncia el actuar en zona de grupos de autodefensas de las forestales, agrupaciones dedicadas al robo de la madera y delincuencia común
(Con información de EFE y AFP)
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