Este martes 18 de enero de 2022 se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la revocatoria de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades que ocurrieron en la financiación del proceso de recolección de firmas.
Así mismo, la entidad citó una audiencia pública en la que participarán el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el señor Jorge Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité Promotor de la Iniciativa ‘MÁS MEDELLÍN’.
La audiencia se llevaría a cabo el miércoles 26 de enero de 2021 a las 10:00 a. m. de manera virtual a través de los medios digitales de los que dispone el Consejo Nacional Electoral, según se lee en el documento.
Dado que las presuntas irregularidades del Comité Promotor estarían relacionadas con la financiación de ese proceso, el CNE además dispuso oficiar al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, copia íntegra y fidedigna del informe contable presentado por el comité promotor de la iniciativa ‘MAS MEDELLIN’, también denominado ‘PACTO POR MEDELLIN’, así como de los hallazgos o circunstancias que deban poner en conocimiento del despacho, en un término de tres días hábiles a parir de la comunicación del Auto.
Esta decisión que tomó el CNE se deriva de una denuncia que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su cuenta en la red social Twitter. A partir de esto, el 26 de febrero de 2021, el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza solicitó que se adelantara una investigación.
La indagación se enfocaría especialmente en un documento suscrito por el señor Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité de la revocatoria ‘MAS MEDELLIN’ por hechos relacionados con la financiación de la mencionada revocatoria, según explicó el CNE en el Auto del 13 de enero.
El mentado documento señala:
“El día sábado 13 de febrero de 2021 usted informó al Comité Promotor (Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa) que la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil quinientos millones de pesos (1.500.000,00) según cuentas que usted había definido, e informó que estaba adelantando conversaciones con una firma de abogados de Bogotá, concretamente se refirió a la firma de Abelardo De La Espriella. En esa reunión se le manifestó en forma expresa que no aprobábamos esos contactos; que no era necesario contratar una firma de abogados. También se le expresó en forma clara que ese presupuesto que usted explicó tenía que ser sometido a discusión y aprobación al interior del Comité Promotor. En forma inesperada aparece el día 22 de febrero en el periódico digital ifmnoticias la noticia no solo de la contratación de la firma de abogados pre citada, sino además una serie de decisiones que nunca fueron aprobadas por el comité promotor.”
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