En el marco de la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo: “Ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación aquí en Venezuela”.
“Jorge Rodríguez miente. Es falso que todos los medios de comunicación hayan sido desbloqueados”, rebatió la ONG Ve Sin Filtro, tras recordar que “siguen bloqueados 140 dominios de internet, así como más de 30 correspondientes a herramientas para evadir la censura y servicios de VPN”.
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VE sin Filtro hizo especial mención al caso de Infobae, víctima de esa censura desde el 10 de octubre de 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.
“Los desbloqueos parciales no permiten anunciar el fin de la censura. Exigimos el levantamiento de todas las restricciones y garantías para el acceso a la información”, planteó la ONG.
En el marco del proceso de negociación que llevan adelante chavismo y oposición bajo el auspicio de Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que avanzaría con el levantamiento de las restricciones que afectan a los medios digitales. La medida ha beneficiado a decenas de portales, pero las limitaciones siguen vigentes.
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Contra el odio
Al frente de 24 agrupaciones de la sociedad civil, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigieron la derogación de la Ley contra el Odio, señalando que la reforma impulsada por Delcy y Jorge Rodríguez “mantiene graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso”.
“La propuesta elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, pero las sustituye por sanciones administrativas a cargo del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz -dirigido por Diosdado Cabello- impondría las sanciones sin procedimientos, criterios de aplicación ni garantías de defensa claras y conocidas”, acotan a través de un comunicado. Las multas en cuestión irían desde los 500 hasta los 10 mil euros.
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Las organizaciones cuestionan que “a pesar de que Delcy Rodríguez reconoció públicamente que la ley fue ‘mal aplicada’ y que se cometieron ‘abusos’, la propuesta no establece medidas integrales para responder a las víctimas: no ordena la liberación plena ni el sobreseimiento de las causas de personas detenidas y procesadas arbitrariamente, y tampoco dispone medidas de reparación integral”.
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