Denuncian hacinamiento, falta de atención médica y corrupción en cárcel de mujeres en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia que las reclusas que se encuentran en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida “viven hacinadas, sin atención médica, con una alimentación que no es balanceada, y con limitaciones para las visitas y actividades deportivas y de recreación”.

La organización no gubernamental considera “sumamente preocupante la falta de atención médica especializada en el recinto y la negación de la misma”, al tiempo que señala “la presencia de supuestos hechos de corrupción” con el pago a funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario a cambio de “privilegios” como acceso a alimentos.

La cárcel La Crisálida, ubicada en el estado Miranda, alberga a casi 300 mujeres, incluidas 38 presas políticas. Uno de los testimonios recogidos por el OVP en su informe destaca: “Hay celdas que tienen al menos seis camas y llegan a meter hasta 16 o 18 personas, por lo que a otras les toca dormir en el piso en colchonetas”.

“Otras celdas tenían al menos seis literas y fueron cortadas para ponerlas una al lado de la otra como camas y así poder meter más reclusas, uno no puede ni moverse, es muy poco el espacio que queda para caminar y hay que esperar que una pase para que la otra pueda dar un paso”, relató otra fuente a la ONG.

No todas las privadas de libertad estarían sometidas a estas condiciones. De acuerdo con la investigación del OVP, un grupo de “privilegiadas” pagan a autoridades para tener disfrutar de celdas más espaciosas, desarrollar actividades que les permiten reducir sus penas y adquirir “exquisiteces” en una cantina. El menú diario se reduce a “granos duros, papa, arepas, un arroz que puede ser seco o lo que describieron como un mazacote, pasta y mortadela”, detallan.

Salud

El OVP ha documentado este año la muerte de dos reclusas en La Crisálida. Tras el segundo deceso, se nombró a una nueva directora en el penal. “Hay privadas de libertad que son adultas mayores, así como mujeres que son hipertensas, que padecen de diabetes, con patologías cardiacas, entre otras, y no cuentan con un médico permanente”, expone.

Cuestionan que los funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciaria solo permiten los traslados a hospitales para atender las emergencias cuando la persona “se está muriendo”. Además, indican que ante la ausencia de apoyo oficial, los familiares deben costear los tratamientos médicos de las detenidas.

Critican las restricciones que imponen a las visitas de hombres e hijos. Sobre estas últimas, apuntan: “Se dan esporádicamente solo en fechas como el día de las madres, el día del niño, navidades, son muy pocas las que pueden ver a sus hijos menores de edad con frecuencia”. El OVP anunció que llevará este caso ante instancias internacionales para exigir el respeto a los derechos de las reclusas.