Cuestionan parámetros que aplicarán para escoger a magistrados del Tribunal Supremo en Venezuela

Después de 27 años de opacidad, el Comité de Postulaciones Judiciales -instancia conformada por 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil- publicó este lunes 2 de noviembre el baremo que utilizará para evaluar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Bajo el régimen chavista que se instaló en 1999, jamás se habían conocido los criterios para el nombramiento de los miembros del TSJ. Sin embargo, tras la caída de Nicolás Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero, se abrió un “nuevo momento político” que ha incluido la activación de una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición que ya acordó la renovación total del máximo juzgado del país.

La ONG Acceso a la Justicia considera positiva la medida que busca arrojar luces sobre el mecanismo de designación de los togados; no obstante, llama la atención sobre algunos aspectos que, desde su punto de vista, deben ser revisados para garantizar mayor equilibrio en el proceso.

En principio, cuestionan que se dé ventaja a quienes han ocupado cargos públicos. “Se valoran ampliamente las funciones judiciales, estatales y de gobierno universitario, mientras se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio de la abogacía”, señalan.

Alarma

“Se otorgan puntos por años de servicio judicial sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada”, explica Acceso a la Justicia, destacando que este principio “preocupa especialmente” porque “el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado”.

La ONG advierte que “los criterios podrían favorecer determinadas trayectorias institucionales frente a las otras vías de acceso al TSJ reconocidas en el artículo 263 de la Constitución, especialmente el libre ejercicio de la abogacía”.

Discrepan sobre el hecho de que sea la entrevista “el ítem que más puntos otorga siendo el más discrecional de todos, lo que podría dar pie a la arbitrariedad”.

“La independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista. Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados”, propone Acceso a la Justicia.

El coordinador general de Cecodap -ONG que promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes-, Carlos Trapani, opina que “este baremo es insuficiente para evaluar lo esencial en quien aspira a ser magistrado”.

“No basta sumar títulos, publicaciones o años de experiencia. Debe valorar la calidad de las decisiones y actuaciones previas, la integridad, los conflictos de interés, los vínculos que puedan comprometer la autonomía de criterio y, especialmente, la conducta frente al poder público. Los títulos acreditan formación. La independencia se demuestra en la trayectoria”, argumentó Trapani.

Pese a las observaciones, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, celebró que “juristas con trayectoria y compromiso democrático” se estén postulando para ingresar al TSJ. “Si este proceso de designación de magistrados del TSJ culmina con estricto apego a la norma, transparencia y escrutinio ciudadano, estaremos presenciando un hito en el camino hacia el rescate del Estado de Derecho”, afirmó Murillo.