
Pasados cien días del doble terremoto del 24 de junio, la ONG Cecodap expuso un análisis donde advierte que la falta de información oficial representa un “riesgo agravado de protección” para los niños, niñas y adolescentes afectados por el cataclismo.
“En los primeros días de una emergencia pueden existir registros incompletos, cifras en verificación y 18 variaciones entre fuentes. Sin embargo, la prolongación de esa ausencia ya no es solo una dificultad operativa: impide conocer con suficiente precisión quiénes siguen afectados, dónde están, qué derechos continúan comprometidos y qué respuestas requieren”, señala la organización que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente en Venezuela.
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El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó ofreciendo un balance diario tras los terremotos. Después, sin mediar explicación, pasó a uno semanal y con menos insumos que el original. Y ya cumple más de un mes sin publicar el parte. Además, nunca ha presentado información desagregada por edades sobre las víctimas ni detalles acerca de la situación que enfrentan las personas menores de 18 años.
Cecodap apunta que la falta de información oficial atenta contra la planificación, haciendo imposible verificar si se ha avanzado en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Este riesgo es institucional y transversal. Afecta la capacidad de prevenir violencia, ubicar a familias dispersas, sostener la permanencia escolar, orientar recursos y rendir cuentas”, subraya la ONG.
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Desarraigo
Cecodap recalca en su informe que siguen en el terreno las amenazas por situaciones como “familias dispersas, desplazamientos prolongados, interrupciones educativas, desgaste de cuidadores, afectaciones emocionales, adolescentes que asumen responsabilidades excesivas de cuidado, debilitamiento de redes comunitarias y dificultades para garantizar la continuidad de los casos que requieren protección”.

La ONG elaboró una base que registra 3 mil 267 casos de personas menores de edad golpeadas de alguna manera por los terremotos. Reporta que en 20 de los 24 estados del país hay niñas, niños y adolescentes afectados, pues residían en las siete entidades que registraron los daños más severos y se han visto obligados a desperdigarse por todo el territorio nacional.
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Más de la mitad de los casos documentados en este estudio -1.811, 55,4%- responden a niñas, niños y adolescentes en desplazamiento interno. “Los casos de desplazamiento interno implican a su vez la detección de un grupo con dinámicas particulares y múltiples derechos vulnerados. Se trata de la niñez y las adolescencias que están acompañadas, pero transitan duelos múltiples: el de algún familiar o cuidador, el del hogar, las rutinas, y el espacio que conformaba parte de su identidad”, precisan.
Peligros
Recuerdan que al principio de la crisis provocada por el doblete sísmico se logró “descartar un escenario masivo de niños, niñas y adolescentes abandonados, solos o separados de sus familias en hospitales, campamentos transitorios o espacios públicos”.
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“No obstante, esta capacidad de contención no convierte la separación familiar en un riesgo resuelto. La protección se desplaza hacia casos individuales: niños o adolescentes trasladados entre instituciones, familias que se dispersan, cuidadores que no pueden ser ubicados, necesidades de cuidado alternativo y reunificaciones que requieren verificación. Aunque no se confirmó una separación masiva, persisten riesgos de dificultades de reunificación, institucionalización innecesaria y pérdida de vínculos familiares o comunitarios”, acotan.
Cecodap alerta sobre el peligro de que con el transcurrir de los meses, las fallas sean aceptadas como parte de la cotidianidad. “La precariedad de la vivienda, las dificultades para asistir regularmente a la escuela, la sobrecarga de las familias, la insuficiencia de servicios o la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en una nueva normalidad para la niñez afectada”, concluyen.
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