Delcy Rodríguez anuncia el fin de los controles policiales, fuente de extorsión y agresiones contra venezolanos

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la noche del martes 24 de agosto la eliminación de las alcabalas policiales o “puntos de control” en las ciudades de Venezuela, dispositivos que en los últimos años se han convertido en un símbolo de extorsión, persecución y graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Creemos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas”, puntualizó Rodríguez, quien antes de los terremotos del 24 de junio había iniciado una consulta para reformar el sistema de justicia penal, y convocó a los ciudadanos a denunciar los abusos cometidos por policías, fiscales y jueces.

Masacres

Aunque supuestamente concebidos para combatir la criminalidad, estos puntos de control se convirtieron en un verdadero quebradero de cabeza para los venezolanos.

“Las alcabalas son una de las herramientas más utilizadas en Venezuela por los cuerpos policiales para luchar contra el crimen, pero han sido empleadas en no pocas ocasiones para cometer actos de corrupción y extorsión y fechorías aún más graves, como ocurrió en 2005 y en 2006”, señala en un informe la ONG Acceso a la Justicia.

La asociación civil se refiere a un caso ocurrido en un barrio de Caracas hace exactamente 20 años, bajo el gobierno de Hugo Chávez, cuando funcionarios policiales masacraron a tres jóvenes universitarios que pasaron a bordo de un vehículo por una alcabala.

Los agentes, que no estaban debidamente identificados y portaban armas largas, supuestamente confundieron a los muchachos con miembros de una banda criminal. Por su parte, las víctimas trataban de huir porque creían que los policías eran delincuentes, pues no portaban sus uniformes reglamentarios.

La tragedia llevó al gobierno a dictar una resolución para regular esta práctica, estableciendo que “los puntos de control debían estar debidamente identificados, así como los funcionarios que en él participaran, y que no podían ubicarse en zonas oscuras, sin el debido alumbrado público o estar encapuchados”, resume Acceso a la Justicia.

Seis años después, en 2012, ocurrió un hecho similar en Maracaibo, la capital del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Funcionarios que estaban en un punto de control abrieron fuego contra un vehículo y segaron la vida de Karen Berendique, de 19 años, hija de Fernando Berendique, cónsul honorario de Chile en esa ciudad del occidente venezolano.

El diplomático Berendique narró en esa ocasión que los agentes tampoco estaban identificados. “Lo menos que se puede esperar es que la policía encienda las luces (de las patrullas), no lo hicieron y dispararon y siguieron haciéndolo”, relató.

Grabado

Acceso a la Justicia recuerda que en septiembre de 2022, los ministerios de Defensa e Interior emitieron una resolución conjunta para regular la actuación de las alcabalas.

“En el artículo 20 de esas normas se autorizaba a los ciudadanos a grabar audio e imágenes de los procedimientos efectuados en esos puntos de control, a la par que se prohibía instalar puntos de control a algunos organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), e incluso se prohibía a los funcionarios el uso de capuchas, pasamontañas o cascos integrales que impidan la observación del rostro del funcionario”, subrayaban los expertos.

Adicionalmente, destaca la ONG, el texto oficial resaltaba que “ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido”.

Sin embargo, las denuncias de atropellos no pararon, hasta el punto que Delcy Rodríguez ha debido intervenir directamente. “No es justo que policías honestos paguen por quienes extorsionan al ciudadano, ni que fiscales y jueces íntegros sean señalados por las prácticas irregulares de otros. Quiero hacer justicia para los funcionarios honestos de Venezuela y quiero acabar con la matraca y la extorsión”, ha manifestado la presidenta encargada.