La jefa de la delegación de la oposición en el proceso de negociación, Dinorah Figuera, indicó que tienen como objetivo alcanzar un acuerdo que permita superar la intervención judicial que pesa contra los partidos opositores, y eliminar las inhabilitaciones políticas que afectan a figuras como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.
“Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, manifestó Figuera.
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Machado ganó con más del 90% de los votos las elecciones primarias que la oposición organizó en octubre de 2023 para escoger a su candidato presidencial. Sin embargo, no pudo competir en la contienda del 28 de julio de 2024 porque el régimen chavista la inhabilitó. Al final, la Plataforma Unitaria Democrática tuvo que inscribir como su abanderado al diplomático Edmundo González Urrutia.
La fundadora de Vente Venezuela sigue siendo la referencia política más importante del país, según reflejan las principales encuestas; no obstante, a día de hoy no podría participar en ninguna elección porque el gobierno mantiene las sanciones en su contra.
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Figuera destacó la persecución contra los partidos opositores, cuyos símbolos y directivas han sido arrebatadas a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas”, recordó la dirigente de Primero Justicia, quien agregó: “Sin partidos no hay democracia, estamos comprometidos con esa propuesta y sobre todo a acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político”.
El cierre del primer ciclo de la negociación, diseñada y promovida por Estados Unidos, arrojó el 12 de agosto dos acuerdos: Avanzar en la renovación del TSJ, en el marco de un plan para la “transformación” del sistema de justicia, y unir “esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”. Las partes deben volver a la mesa de diálogo en septiembre.
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Marco legal
La vocera opositora resaltó que buscan la derogación de normas coercitivas, entre ellas la Ley del Odio y la Ley de Fiscalización de la Organizaciones No Gubernamentales, conocida como Ley Anti-ONG.

Precisamente diversos representantes de la sociedad civil han insistido en la necesidad de desmontar todo el entramado normativo que ha levantado el chavismo durante 27 años, que le ha servido para perseguir y hostigar a la disidencia.
La negociación incluye tres puntos: Atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia -donde se discutirían los cambios al TSJ y al Consejo Nacional Electoral- y derechos y garantías políticas.
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