El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia que entre abril y julio murieron 49 reclusos en las cárceles venezolanas. “En promedio, una persona privada de libertad muere cada tres días” en el país, según el balance presentado por esta ONG.
Del total, 48 son hombres y dos fallecieron en calabozos policiales. “Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud”, recoge el informe.
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El OVP advierte que “el abandono sanitario dejó de ser un problema aislado para convertirse en la principal causa de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.
De acuerdo con esta investigación, “las personas que han fallecido durante los últimos meses padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.
Las familias de los reos “intentan suplir ese abandono llevando medicamentos, costeando exámenes médicos y buscando especialistas, (pero) esos esfuerzos rara vez son suficientes cuando no existe un diagnóstico oportuno ni autorización para recibir tratamiento”, indica la ONG, al tiempo que critica la suspensión de los traslados hospitalarios por la ausencia de respuesta de las autoridades.
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Responsables
La organización defensora de Derechos Humanos responsabiliza directamente al ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, tras recordar que las instituciones estatales deben ser garante de la vida, la integridad y la salud de los presos.
“Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”, subraya.
El OVP sostiene que “estas 49 muertes se han registrado bajo la complicidad del Poder Judicial (jueces de ejecución), Ministerio Público (fiscales en protección de derechos fundamentales, derechos humanos y penitenciarios) y Defensoría del Pueblo (defensores penitenciarios), porque uno no ve, el otro no oye y el otro no habla”.
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez inició en junio una consulta nacional para reformar la justicia penal de Venezuela, luego de admitir que la misma “criminaliza” a los pobres y está minada por la corrupción y la ineficiencia.
“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo: que sea un acceso a la justicia oportuno, sin ningún tipo de diferenciación e imparcial. Se han dado pasos, sin duda, importantes, pero yo creo que la deuda ya es impostergable y la tenemos que atender”, expresó la mandataria interina.
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