Al menos 49 presos comunes murieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según reportó la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La ONG aseguró que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”.
De acuerdo con una nota de prensa difundida este martes por el OVP, de los fallecidos, 48 eran hombres y una mujer. El informe precisó que 47 de las muertes ocurrieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.
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La organización destacó: “Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud”.
El OVP señaló que los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente hubieran terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.
Además, la ONG subrayó: “Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”.
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Por ello, el OVP exhortó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada fallecimiento, para determinar las responsabilidades que correspondan.
La organización también exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la puesta en marcha de una atención humanitaria por razones de salud para las personas privadas de libertad en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.
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