Entre protestas e intimidación policial, organizaciones entregaron a la Asamblea un documento por elecciones libres y restitución del orden constitucional

Veinticinco organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunitarias, culturales y de derechos humanos entregaron un documento ante la Asamblea Nacional, denunciaron que Nicolás Maduro “usurpó el poder de manera descarada” y calificaron a Delcy Rodríguez como “fruto de la usurpación, el fraude y el golpe de Estado continuado”. La acción fue parte de protestas en tres regiones del país para exigir el reconocimiento de las elecciones del 28J cuando “el pueblo se pronunció de manera inequívoca”.

Bajo las consignas “el 28J ya decidimos por democracia y libertad” y “elecciones ya”, las manifestaciones se desarrollaron frente a la Asamblea Nacional, en Caracas; en Monagas, mediante una rueda de prensa con representantes de diversos sectores; y en Yaracuy, con la participación de familiares de personas detenidas en la comandancia de la Policía regional.

Las actividades fueron organizadas e impulsadas por las organizaciones Espacio Consenso por un Nuevo País, el Comité Nacional en Defensa de la Constitución (Cúmplela), con respaldo de la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) y 20 organizaciones de tipo político, social, de derechos humanos, laborales, comunitarias y culturales.

Entre las organizaciones figuran Movimiento Laborista, Conciencia Ciudadana, Foro Independencia, Rótulo Ediciones, Colectivo DDHH Toromayma, Frente Norte de Caracas, Hombres por la igualdad y la equidad, Sociedad Civil Yaracuy en Transición, Unete, Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Red Verde, Red de Apoyo Social, Unassg del Zulia, Sindicato de trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional, Comité por la liberación de los luchadores sociales presos políticos, Casa del Trabajador, Mi Ciudad, Coalición Siderúrgica 40, Movimiento de Trabajadores Unidad en la Coincidencia, Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) y UTDZ.

En Yaracuy, la abogada Marbella Gutiérrez, megáfono en mano, acusó al régimen venezolano de actuar de forma inhumana e inoperante “frente a los daños causados por el doble terremoto del 24 de junio. “Ante tanta inoperancia tenemos que exigir la inmediata salida del régimen y el inicio de una transición con un Gobierno de transición encabezado por el presidente que elegimos el 28 de julio”, afirmó en alusión a Edmundo González.

Gutiérrez sostuvo que el eje de la movilización es “defender los resultados del 28 de julio 2024 día en que los venezolanos acudieron a votar “con todo el riesgo que implicaba”. Recordó que esa jornada dejó heridos, fallecidos, exiliados y personas en la clandestinidad.

La abogada pidió no restar valor histórico a esa fecha y afirmó que aunque otros países no la reconozcan del mismo modo, para los venezolanos representa una marca de valor “histórico, moral y ético” vinculada al ejercicio de la soberanía popular.

Gutiérrez insistió en que un eventual Gobierno de transición debería iniciar la reconstrucción institucional del país, incluida la reforma del Consejo Nacional Electoral, del poder Legislativo y, especialmente, del poder judicial.

Documento a la Asamblea

En Caracas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) grabaron y fotografiaron a los asistentes a la protesta frente a la Asamblea Nacional, una acción que los manifestantes interpretaron como un acto de intimidación. Pese a ello mantuvieron sus discursos y acusaron a altos funcionarios de usurpar el poder.

Tras dos horas de concentración frente a la sede administrativa del parlamento, fueron atendidos por el diputado Carlos Julio Rodríguez Rabán (PSUV) quién recibió el documento, de manos de Samuel Bravo e Irene Castillo de Espacio Consenso.

La misiva, dirigida a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, exige al Poder Legislativo “el estricto cumplimiento del orden constitucional, la restitución de la legalidad institucional y el respeto absoluto a la soberanía popular”. Según los firmantes esos derechos no pueden quedar suspendidos por la emergencia derivada de los terremotos del 24 de junio.

El texto cita los artículos 5, 62, 70, 293, 333 y 350 de la Constitución venezolana que obliga a los poderes públicos y a la ciudadanía a defender el orden constitucional y reconocen el sufragio como expresión máxima de la soberanía popular.

Los firmantes pidieron la designación inmediata de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con criterios de capacidad técnica, probidad e independencia, para recuperar la credibilidad del órgano electoral y garantizar que se respete la voluntad expresada mediante el voto.

También solicitaron la convocatoria del Comité de Postulaciones Electorales, dirigido por once diputados y diez representantes de distintos sectores de la sociedad, conforme al artículo 295 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

A juicio de las organizaciones, un nuevo directorio electoral debería crear condiciones para celebrar “a la brevedad posible” elecciones presidenciales y parlamentarias “realmente democráticas”, Entre esas condiciones mencionaron el levantamiento de inhabilitaciones, legalización de todos los partidos políticos, actualización del Registro Electoral y un cronograma electoral ajustado a la Constitución.

El documento sostiene que “Venezuela exige con urgencia “un nuevo gobierno” capaz de responder a la emergencia nacional provocada por la catástrofe natural que dejó miles de víctimas y pérdidas materiales incalculables. Atribuyeron a falta de respuesta el “desmantelamiento institucional” y a la “inoperancia” del Ejecutivo.

La misiva también alude a la reunión entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera para instalar una “mesa técnica y política paritaria”, presentada oficialmente como un espacio para el “fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad”.

Para las organizaciones, el tema electoral está en el centro de la agenda. Por ello, pidieron a Rodríguez impulsar medidas que permitan reconstruir la confianza ciudadana en un Poder Electoral independiente, confiable y ajustado a los procedimientos constitucionales.

“La vigencia de la Constitución no se negocia” advirtieron los firmantes, al reiterar que la ciudadanía venezolana se mantiene “firme en la defensa” de los derechos constitucionales y en la exigencia de que el CNE cumpla el mandato legal y popular.

El documento cierra con una solicitud de “respuesta cónsona” con los deberes constitucionales de la Asamblea Nacional y con la situación que atraviesa el país.

Requerimos solidaridad

En Maturín, estado Monagas, representantes de distintas organizaciones ofrecieron una rueda de prensa. Entre ellos estuvieron Elinor Morales, secretaria del Colegio Sociólogos y Antropólogos y de la ONGs Frente Amplio Venezuela Libre; Marlene Rodríguez, presidenta del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Monagas; Laura El Halabi de Jóvenes Profesionales Sociedad Civil; Carlos Núñez, presidenta Asociación Jubilados y Pensionados Monagas.

La vocería estuvo a cargo de María Gabriela Hernández del Castillo, diputada de la Asamblea Nacional 2015, quien llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la defensa de una “sociedad justa” y respetuosa de la libertad.

Desde Caracas, el exdiputado Edwin Sambrano afirmó que los venezolanos tienen la capacidad de restablecer el “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, con instituciones acorde a sus necesidades, intereses y cultura.

Recordó que una mayoría del 67.5% de los votos válidos se pronunció, el 28J, por el cambio de gobierno y el restablecimiento del orden constitucional. En contraste calificó como fraudulentas las elecciones de mayo y julio 2025 para elegir diputados asegurando que la abstención superó el 90%.

“No necesitamos que otro estado administre nuestra República y nuestro país. Lo que requerimos es solidaridad en nuestra gran tarea por salir del control del régimen de facto que utiliza la fuerza para impedir el ejercicio y la realización de nuestra autodeterminación y de nuestras funciones soberanas”, señaló Sambrano Vidal

En Yaracuy

En San Felipe, estado Yaracuy, la concentración denominada “acción pública” se realizó en la Plaza Junín. La jornada estuvo marcada por lo que sus organizadores describieron como un clima de “profunda tensión social y exigencia ciudadana”, con protagonismo de familiares de personas detenidas en la Comandancia General de la Policía regional.

Buscaron visibilizar la precariedad de la situación jurídica de los detenidos y las condiciones en las que permanecen. “No fue una movilización aislada, sino una respuesta directa a lo que los familiares denominan un retardo procesal sistemático”, dijo a Infobae uno de los asistentes.

El grupo reunido expresó un mensaje común: la necesidad de respuestas institucionales prontas y transparentes ante el deterioro de las condiciones de vida dentro del recinto policial yaracuyano.

Durante la manifestación, varios participantes, invocaron el artículo 68 de la Constitución venezolana y reafirmaron el derecho a la “protesta pacífica y sin armas”, con el propósito de blindar su actuación frente a posibles medidas represivas y sentar un precedente de ejercicio democrático en el espacio público.

También citaron el artículo 5 de la Constitución, que establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y recordaron que los órganos del Estado deben estar subordinados a la voluntad popular, la justicia y la dignidad humana.

Los manifestantes exigieron una revisión exhaustiva de los expedientes de todos los detenidos en Yaracuy, rechazaron la gestión del régimen actual y denunciaron una crisis institucional marcada, según dijeron, por la vulneración de los derechos civiles básicos.