Bonos de la corrupción contaminan proceso de reestructuración de la deuda externa de Venezuela

Horas antes del doblete sísmico que estremeció a Venezuela el 24 de junio, una noticia publicada por el Financial Times sacudió a la opinión pública local. Según el medio británico, la deuda venezolana ascendía a unos 240 mil millones de dólares, cifra muy superior a la estimada por expertos y organismos independientes.

La discusión sobre las obligaciones del país tomó fuerza luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el 13 de mayo “el lanzamiento formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y PDVSA (Petróleos de Venezuela)”.

“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”, declaró al Ejecutivo a través de un comunicado, donde atribuyó las causas del default vigente desde 2017 a las “sanciones financieras” impuestas en su momento por Estados Unidos.

Antes de los terremotos, el debate giraba sobre las acciones que debían llevarse a cabo para recuperar a la maltrecha economía venezolana, destruida por años de intervencionismo, controles y desviaciones administrativas. Ahora entra en escena la necesidad de sanear las cuentas para emprender las labores de reconstrucción, que demandarían una inversión mayor a los 12 mil millones de dólares, según algunos cálculos.

Pero, ¿a cuánto asciende en realidad la deuda de Venezuela? Aquí nadie sabe. Por esa razón, economistas destacan la importancia de revisar los números con lupa, advirtiendo que la corrupción del régimen también se expresa en esos pasivos.

Vacío

Tras subrayar que “no se dispone de información oficial que permita determinar con exactitud el monto” pendiente, la Academia Nacional de Ciencias Económica propone “enmarcar el proceso de reestructuración en un programa formal de recuperación, crecimiento y estabilización de la economía y de reformas institucionales con el apoyo de los organismos multilaterales y la comunidad financiera internacional”.

“La robustez legal del proceso de reestructuración será clave para evitar posibles cuestionamientos a la fundamentación y legitimidad de las deudas a reestructurar y evitar litigios futuros que comprometan su sostenibilidad y acarreen apreciables costos para el país”, expone la Academia.

La economista Rosana Sosa García escribió un ensayo en el que advierte que “el problema más grave no va a ser el tamaño de la quita ni la dureza de los acreedores. Va a ser otro, mucho menos visible: que hoy nadie puede decir con certeza jurídica quién debe qué, a quién, en qué condiciones y con qué prioridad de cobro”.

García Sosa indica que Venezuela tiene 22 años sin completar una consulta del artículo IV del Fondo Monetario Internacional, esto es, “sin una evaluación macroeconómica seria, validada por alguien distinto del propio gobierno”.

“Sin un análisis de sostenibilidad de la deuda hecho bajo los estándares del FMI, no hay base técnica para una oferta de canje que resista en tribunales. La mayoría de los bonos de la República y de PDVSA se rigen por la ley de Nueva York, y esa ley obliga al emisor a revelar toda la información que un inversor razonable consideraría relevante antes de decidir. Difícil cumplir con semejante exigencia cuando ni el propio Estado conoce el cuadro completo de lo que debe”, sostiene la profesora.

Cero

En otro artículo, Sosa García y su colega Arturo Araujo Martínez enfatizan que “hay algo que distingue a la deuda venezolana de cualquier otra reestructuración soberana reciente: una parte de los bonos que hoy circulan en el mercado fue, en algún momento, instrumento de un robo al Estado que ya tiene condena judicial firme”.

Los investigadores recuerdan que jueces federales de Estados Unidos determinaron que “dos Tesoreros Nacionales cobraron sobornos millonarios para que altos jerarcas y su red pudieran comprar bonos del Tesoro venezolano pagando bolívares al tipo oficial -artificialmente barato por el control cambiario- y revenderlos en el mercado internacional a la tasa de cambio del mercado libre o paralelo”.

“Esas sentencias judiciales no desaparecen porque ahora haya un proceso de reestructuración. Reposan en el registro público de los mismos tribunales de Nueva York que rigen el 87% de los bonos de la República”, observan.

Sosa García y Araujo Martínez apuntan que la Unión Europea “clasificó a Venezuela como jurisdicción de alto riesgo de blanqueo de capitales”, situación que “obliga por ley a los bancos europeos a verificar el origen de cualquier activo venezolano antes de procesarlo”.

La experta en prevención de lavado de dinero alerta sobre los peligros de la improvisación y la falta de transparencia en la reestructuración.

“Los venezolanos ya pagamos esta deuda una vez: en servicios públicos desfinanciados, en salarios pulverizados por la hiperinflación, en bienestar que se esfumó. Corremos el riesgo de pagarla dos veces más: una en los tribunales, si el canje nace impugnable, y otra en la década de exclusión financiera que seguiría a un proceso fallido”, precisa.