Como viene pasando con todas las reformas legales que comenzaron en Venezuela después del 3 de enero, fecha de la caída de Nicolás Maduro, los cambios a la ley de alquileres en Venezuela representan un avance, aunque no superan por completo las fallas de una norma que el mismo chavismo ahora califica de “regresiva”.
El tanque de pensamiento liberal Cedice reconoce que las modificaciones promovidas por el oficialismo significan “un avance respecto del régimen de 2011”, sin embargo, advierte que al mantener la vigencia de la ley de 2011 y el decreto presidencial contra los desalojos sobre los contratos que ya existen, provoca “una dualidad jurídica que condena al congelamiento y la informalidad al stock de viviendas actual”.
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“La reforma debe derogar de inmediato el régimen anterior y unificar el mercado bajo reglas claras de juego”, sostiene la ONG en un informe donde analiza la propuesta sobre la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que la Asamblea Nacional aborda con urgencia tras los dos terremotos del 24 de junio que, según cifras oficiales, han dejado a 17.907 personas sin hogar.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió la necesidad de cambiar esa norma, firmada por Hugo Chávez en 2011 y que tachó de “regresiva”, para buscar soluciones habitacionales frente a la emergencia.
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El diputado y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, estimó que hay unas 200 mil viviendas que podrían salir al mercado de alquileres, pero que sus dueños prefieren resguardar por temor a perderlas por un marco regulatorio que favorece a los inquilinos.
Cara y cruz
En cuanto a los aspectos positivos, señalan que el texto que se debate en la Asamblea Nacional “reconoce la autonomía de la voluntad, permite pactar el canon inicial, admite garantías y elimina, para los contratos nuevos, el procedimiento administrativo previo como condición general de acceso a la justicia”.
No obstante, observan que “la libertad contractual anunciada es parcial y contradictoria”, pues en la práctica “el canon queda congelado durante toda la vigencia, el ajuste solo opera al renovar y tiene como techo el IPC (siendo una especie de control de precios), el pago en moneda extranjera puede sustituirse unilateralmente por bolívares, las garantías están cerradas a dos modalidades, y la preferencia de compra se impone después de dos años”.
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Cedice apunta que “la propuesta no contiene un verdadero procedimiento de recuperación del inmueble”, y recuerda al legislador que “la reforma debe separar política social y contrato privado”.
“La atención a hogares vulnerables o damnificados debe instrumentarse mediante subsidios directos y coyunturales, garantías públicas temporales y programas presupuestarios, no mediante la imposición indefinida de cargas habitacionales a un propietario particular”, subrayan.
El fondo
El gobierno de Delcy Rodríguez trabaja contra reloj para atender a los damnificados. El balance oficial indica que tienen a 21.210 personas en campamentos, la mayoría ubicados en escuelas y liceos. El nuevo curso escolar dará inicio en septiembre, razón por la cual se han comprometido a despejar esos espacios para garantizar el regreso a clases.
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El aporte del Poder Legislativo se concentra en la revisión de las normas que regulan los alquileres, pero Cedice afirma que no basta con modificar las leyes para superar una crisis inmobiliaria que responde a desviaciones estructurales.
“El factor determinante y ausente es el crédito bancario, el cual ha sido pulverizado por la política monetaria de encaje legal marginal, que al absorber la liquidez del sistema financiero impide a los bancos cumplir con su función de intermediación”, identifican entre las condiciones que limitan al sector construcción.
Cedice sostiene que “el país no necesita una ley de emergencia aislada que mantenga un mercado dual e ineficiente. La verdadera reactivación inmobiliaria requiere desmantelar los controles que han destruido la confianza y el financiamiento en Venezuela”.
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