Wadith Manzur acudirá a instancias internacionales para posesionarse como congresista a pesar de ser investigado por corrupción

Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas electos, no podrán posesionarse el 20 de julio de 2026 debido a su implicación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el Gobierno Petro.

En el proceso, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Manzur y Manrique tras encontrar indicios de su participación en delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones, habrían recibido beneficios a cambio de ejercer funciones legislativas y manipular la asignación de recursos y proyectos de la Ungrd en distintas regiones.

A raíz de estos hechos, la legislación electoral colombiana establece la figura de la “silla vacía”, que impide reemplazar a los congresistas investigados o condenados por delitos relacionados con recursos públicos. Esto significa que ni el siguiente candidato de la lista ni un suplente podrán ocupar sus escaños, por lo que el Partido Conservador y la circunscripción de paz por Arauca perderán temporalmente la representación en el Congreso.

Cabe recordar que, mientras avanza el proceso judicial, Manzur y Manrique mantienen la presunción de inocencia; sin embargo, la medida de aseguramiento y los cargos imputados activan la suspensión de sus derechos políticos y la imposibilidad de ejercer sus funciones como legisladores, dejando sus curules vacantes para el periodo legislativo 2026-2030.

Manzur buscará posesionarse el 20 de julio con la ayuda de organismos internacionales

El 17 de julio, a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Wadith Manzur, se confirmó que el senador electo solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia autorización para asistir al acto de posesión del Congreso el 20 de julio de 2026, fecha de inicio del periodo legislativo 2026-2030.

A pesar de que Manzur se encuentra privado de la libertad tras haber sido procesado y enviado a un centro carcelario, dentro de la investigación por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), su defensa presentó la solicitud con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos políticos derivados de su elección, respaldada por más de 134.000 votos, apelando a que la medida de aseguramiento interrumpa esta facultad.

El equipo legal anunció que emprenderá acciones ante organismos internacionales de derechos humanos y la Unión Interparlamentaria. El objetivo de estas gestiones es que se evalúe la compatibilidad de las decisiones judiciales adoptadas en Colombia con los estándares internacionales de independencia, imparcialidad y debido proceso.

Según la defensa del congresista electo, la privación de la libertad fue decretada en el contexto de una coyuntura electoral y solo se aplicó a dos de los seis investigados en el mismo proceso. Esta situación, de acuerdo con la comunicación oficial, requiere un análisis bajo los principios de igualdad y proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. Los abogados manifestaron su expectativa de que, en la etapa de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia garantice la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El rol de los congresistas electos en el escándalo de corrupción

En el caso de Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador, figura como uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción en la Ungrd. Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Por su parte, Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, aparece involucrada en el escándalo de la Ungrd tras haber sido parte de varias reuniones con el exdirector Olmedo López y otros funcionarios. La representante habría gestionado contratos por más de 90.000 millones de pesos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar, a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.