La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó en primer debate un proyecto de reforma de ley destinado a acelerar la construcción de viviendas, estimadas por el Gobierno en unas 25.000 tras los sismos ocurridos el 24 de junio.
Esta iniciativa, según explicó el primer vicepresidente de la AN, el chavista Pedro Infante, busca “promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos”. La sesión fue transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
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Infante detalló que el proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria —que aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva— apunta a brindar mejores condiciones, seguridad jurídica y facilidad de financiamiento al sector privado para impulsar un “proceso agresivo” de construcción.
El legislador indicó que la reforma eliminará el esquema de precio rígido, que dificultaba la adaptación a las variaciones en los costos de materiales e insumos durante la ejecución de las obras. Según explicó, esto permitirá que las partes acuerden mecanismos para estabilizar el saldo deudor en función de “las fluctuaciones reales del mercado”.
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La reforma también aborda el tema del límite legal que exigía culminar las obras en 24 meses, eliminando esa restricción.
Adicionalmente, Infante afirmó que se estimulará la participación de la banca pública y privada para ofrecer créditos que permitan el desarrollo de proyectos inmobiliarios, reduciendo los riesgos regulatorios “desproporcionados”.
Por su parte, la diputada opositora Alejandra Rodríguez valoró la importancia de la reforma, destacando que representa una oportunidad para actualizar el marco jurídico del sector y buscar un “equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el impulso a la inversión responsable”.
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Rodríguez expresó su expectativa de que, durante la consulta pública de la reforma, sean escuchados todos los actores involucrados —propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias y de construcción, así como gremios de especialistas—. Subrayó: “Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo”.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calculó que se requieren unas 25.000 viviendas para quienes perdieron sus hogares por los terremotos de junio. Además, anunció un censo biométrico en los campamentos transitorios de Caracas y los estados Miranda y La Guaira —el más afectado— para precisar cuántas viviendas nuevas son necesarias.
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