La ONG venezolana Foro Penal comunicó la liberación de 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven, una corporación mixta formada por la estatal venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim. Estas personas estuvieron privadas de libertad durante un año y dos meses, bajo acusaciones que incluyeron tráfico de material estratégico.
El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, informó en X que la liberación ocurrió a las 20:50 hora local (01:50 GMT).
Medios locales reportaron que el 1 de abril de 2025 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron un procedimiento en las instalaciones de la empresa en el estado Bolívar, donde detuvieron a 31 trabajadores.
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Familiares denunciaron que los funcionarios no explicaron los motivos de la detención. Posteriormente, a través de medios, supieron que el expediente databa de 2019, aunque varios de los detenidos llevaban solo un mes trabajando en la empresa.
Durante el proceso, un trabajador falleció bajo custodia del Estado y otro obtuvo libertad condicional.
Los familiares denunciaron retrasos en el proceso judicial y violaciones al debido proceso, al no permitirles juramentar un abogado privado, ni acceder al expediente o a los elementos probatorios que justificaran la detención.
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Los cargos imputados fueron asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico e incumplimiento de funciones empresariales.
Foro Penal actualizó este miércoles el número de presos políticos en el país y lo ubicó en 404, cinco menos que la semana pasada. Entre ellos, hay 39 personas con doble nacionalidad o extranjeras.
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Según datos publicados en X, en Venezuela hay 369 hombres y 35 mujeres detenidos por motivos políticos. De ese total, 225 son civiles —incluido un adolescente— y 179 militares.
Dos semanas atrás, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva ronda de excarcelaciones, además de las otorgadas por la amnistía aprobada en febrero.
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Días después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que en las “próximas horas” se alcanzarían 500 excarcelaciones.
A pesar de estos anuncios, los familiares de presos políticos han denunciado el incumplimiento de las excarcelaciones prometidas por el Gobierno.
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