El diputado local de Morena en Baja California, Juan Manuel Molina, advirtió que la persona responsable de difundir los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda podría enfrentar una pena de entre seis y 12 años de prisión.
La base legal citada
Molina, quien preside la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, fundamentó su postura en el artículo 211 Bis del Código Penal Federal. Dicho artículo sanciona a quien divulgue información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas sin autorización.
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Con esta declaración, la bancada morenista en el Congreso estatal desplaza el eje de la discusión: de los señalamientos hacia la gobernadora, hacia quienes obtuvieron y difundieron el material.
Cronología de las filtraciones
El periodista Héctor de Mauleón ha publicado, a través de su columna en El Universal, una serie de grabaciones desde el 22 de junio, cuando difundió el primer audio en el que la gobernadora buscaría un acuerdo con Estados Unidos tras la cancelación de su visa.
El 16 de julio, De Mauleón dio a conocer dos nuevas grabaciones en las que se escucharía a la gobernadora:
- Ofrecer cooperación con el FBI.
- Compartir información proveniente de las mesas de seguridad estatales.
- Aceptar una reunión con agencias estadounidenses —FBI, DHS y el Departamento de Estado— en Panamá, prevista para finales de agosto.
Según las publicaciones del columnista, las conversaciones estarían vinculadas con las gestiones de la mandataria para recuperar su visa estadounidense.
La defensa de Molina
El legislador morenista sostuvo que los audios fueron tergiversados y sacados de contexto, y respaldó la postura de que la gobernadora no debe pedir licencia al cargo, pese a las presiones de la oposición.
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Además, Molina afirmó que en una de las grabaciones se identifica la voz del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien Marina del Pilar ha señalado públicamente de haberle “tendido una trampa” con fines de venganza política.
Un giro en la narrativa oficial
Con estas declaraciones, la estrategia de defensa de Morena se reorienta: en lugar de profundizar en el contenido de los audios, el énfasis se coloca en investigar y castigar a quienes obtuvieron y filtraron las grabaciones.
Molina ha insistido en que la información compartida en las mesas de seguridad es de carácter público, no clasificado ni reservado, por lo que —según su interpretación— no se configuraría un delito como traición a la patria.
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La controversia continúa desarrollándose en medio de reacciones de distintos actores políticos en Baja California, mientras se espera si la Fiscalía o el propio Congreso local abren alguna investigación formal sobre el origen de la filtración.
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