El chavismo comienza a desmontar tribunales antiterroristas que usó para perseguir a la disidencia

El régimen chavista está desmontando la polémica jurisdicción de terrorismo, que desde su creación ha sido utilizada para procesar y condenar a dirigentes y militantes de la oposición.

El abogado Omar Mora Tosta informó que los expedientes de tres importantes representantes de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, fueron enviados a tribunales penales ordinarios que funcionan en el interior de la República.

“Subyace una verdad que es inocultable, que es el desmantelamiento de la jurisdicción de terrorismo, que nunca debió haber existido, en primero lugar porque fue creada a través de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no por una ley”, argumentó Mora Tosta.

El experto legal subraya que “esto significa que los tribunales de terrorismo durante todo este tiempo han sido tribunales ad hoc, proscritos internacionalmente, porque única y exclusivamente su función es juzgar por razones políticas a las personas que son procesadas”.

“El traslado de causas de terrorismo a tribunales ordinarios en Venezuela expone una verdad inocultable, la inconstitucionalidad de origen de esa jurisdicción especial -creada por resolución administrativa y no por ley- que arrastra un vicio insubsanable de nulidad absoluta”, enfatizó Joel García, especialista en Derecho Penal.

García explica que “distribuir los expedientes a jueces ordinarios no borra el pasado. Si la jurisdicción de origen era inconstitucional, todas las privaciones de libertad, acusaciones y condenas previas están viciadas”, razón por la cual estima que “continuar esos procesos vulnera flagrantemente el debido proceso”.

“Para restaurar el Estado de Derecho no basta con mudar los archivos de oficina. La justicia exige la declaratoria de nulidad integral de estos procesos simulados. Un juicio sin garantías no es justicia, es arbitrariedad institucionalizada”, manifestó el profesor universitario.

Todos libres

La ONG Acceso a la Justicia manifestó que “se deben anular los juicios y poner en libertad a las personas que fueron procesadas o condenadas por esos tribunales, pues al ser juzgadas por tribunales que nacieron viciados de origen, no existe posibilidad alguna de convalidar sus decisiones ni los procesos que allí se tramitaron”.

“La existencia de estos juzgados carece de sustento legal, confirmando que su actuación se ha desviado de la persecución de delitos financieros para consolidarse como un instrumento de persecución política”, denuncia Acceso a la Justicia.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía que ha dado pie a la liberación de centenares de presos políticos, si bien los defensores de Derechos Humanos calculan que aún existen más de 400 en las cárceles del país.

Los activistas de la sociedad civil cuestionan que Rodríguez no ha desmontado la estructura de represión que instaló Nicolás Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero. Se hizo común que las autoridades imputaran por terrorismo a los factores de la disidencia política.

La mandataria interina desarrolla una consulta para reformar la justicia penal del país. Víctimas y promotores de DDHH exigen avanzar en un proceso de justicia transicional que incluya la reparación y el compromiso de no repetición.