Atrapados en las torres: quiénes son los más afectados por la paralización de los ascensores tras los terremotos

Annery Fehr no sale de su apartamento desde el miércoles 24 de junio, día en que Venezuela sufrió el impacto de dos terremotos que hasta la fecha han dejado 4.490 muertos. “Nosotros, los de la tercera edad, no podemos bajar y nos encontramos confinados desde ese día”, cuenta esta jubilada de 75 años.

La señora Fher vive en Parque Central, icónico complejo urbanístico que se levanta en el centro de Caracas. Compuesto por edificios residenciales que alcanzan los 44 pisos, ostentó el récord de tener los dos rascacielos más altos de América Latina con 255 metros desde 1979 hasta 2003, cuando se inauguró la Torre Mayor de México.

El doblete sísmico obligó a las autoridades a suspender el uso de ascensores en todas las zonas afectadas hasta someterlos a una revisión para verificar su funcionamiento. Varios no han pasado la prueba, incluidos los de Parque Central, situación que representa una amenaza para la salud de miles de personas.

“Los enfermos no pueden salir a hacerse sus tratamientos, así como los que andan en silla de ruedas, los enfermos de pulmón con EPID y los que cargan marcapasos o son operados del corazón”, comenta la señora Fher, quien necesita un bastón para desplazarse.

En medio de la emergencia, los vecinos más jóvenes se ofrecen para comprarle a los mayores sus alimentos y medicinas, y algunos comercios prestan el servicio de delivery, pero solo hasta el décimo piso.

“No tener ascensor nos perjudica psicológicamente, porque estamos en constante estrés, pero también nos afecta económicamente, pues tendremos que pagar la reparación y nosotros apenas podemos vivir con las pensiones y el ‘bono de guerra’”, se lamenta la médica jubilada.

En Venezuela la pensión equivale a menos de 30 centavos de dólar, que el gobierno de Delcy Rodríguez completa con un bono de 80 dólares al mes.

Crueldad

La situación de los ascensores ha venido a echarle más leña a los grupos de Whatsapp de los condominios, siempre en permanente estado de ebullición.

“Vivo en un edificio de 16 pisos y en los más altos están personas mayores, otros que requieren diálisis y quienes simplemente aducían que tienen que ir a trabajar, así que desde el 26 de junio -dos días después del doblete sísmico- comenzó la discusión con gente preguntando por el chat cuándo iban a activar los ascensores”, refiere Josefina Torres, una publicista de 45 años afincada en Los Ruices, este de Caracas.

Sin pasar por la evaluación previa que exigen las autoridades, un grupo resolvió poner en marcha los elevadores. “Les dije que asumieran su responsabilidad, yo no me monté porque no me quiero morir en el ascensor”, expresa Torres.

Los alcaldes del área metropolitana han debido intervenir para llamar a la calma. Al regidor del municipio Baruta, Darwin González, le plantearon públicamente el caso de una señora de 90 años en silla de ruedas que hace dos meses estuvo en terapia intensiva y que necesitaba ir al médico, pero la junta de condominio se negaba a reactivar el ascensor.

González respondió que los vecinos debían ceñirse a las pautas impuestas por los Bomberos de Caracas sin agregar ningún requisito adicional. “¡Es un problema de salud pública y podría considerarse crueldad!”, exclamó el funcionario.