Motín en Venezuela: presos del penal de Barinas tomaron la prisión en protesta por torturas y piden la destitución del nuevo director

Decenas de reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en los llanos occidentales de Venezuela, subieron este domingo al techo del penal en señal de protesta, quemaron colchonetas y exigieron la destitución del director recién designado, a quien acusan de someterlos a requisas violentas, aislamiento y torturas. La denuncia fue difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Mientras la situación se deterioraba dentro del recinto, familiares de los reclusos intentaron impedir el ingreso de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sin conseguirlo. Minutos después de la entrada de los efectivos, quienes aguardaban afuera escucharon gritos y detonaciones. Según los presentes, los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas hacia el anexo femenino, donde más de 100 mujeres privadas de libertad comenzaron a asfixiarse por los gases. Los propios internos tuvieron que desalojarlas de sus espacios. Padres, madres, esposas y demás familiares permanecían en las inmediaciones del penal desesperados, sin más información que el humo visible desde las torres y el sonido intermitente de las detonaciones. Exigen que se respeten los derechos humanos de sus seres queridos.

Según el OVP, los internos aseguran haber iniciado una manifestación pacífica que fue reprimida por personal de custodia acompañado por el nuevo director, Elvis Macuare Guerrero, quien presuntamente ordenó disparar contra la población reclusa. La organización reportó heridos sin precisar número ni gravedad. En las afueras del penal, familiares aguardaban sin información, temerosos de que la situación derivara en una masacre. El régimen venezolano no emitió comunicado oficial al cierre de esta edición.

La protesta de este domingo no es un episodio aislado. El 14 y 15 de mayo, familiares concentrados frente al Injuba denunciaron que se negaba el ingreso de alimentos y alertaron sobre tratos irregulares en su interior. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario respondió con una requisa calificada de “ordinaria” y anunció el nombramiento de una nueva dirección para el penal.

El 16 de mayo, la situación se agravó. Hombres encapuchados protagonizaron una golpiza dentro del recinto, según los familiares presentes. Unos 40 reclusos fueron trasladados a continuación a destinos desconocidos, sin que las autoridades informaran a sus allegados sobre su paradero.

El 19 de mayo, el caso del preso político Tito Livio Volcanes Dávila concentró la atención de las organizaciones de derechos humanos. Volcanes, productor agropecuario detenido en el Injuba, fue trasladado de emergencia a la Clínica Barinas con un cuadro crítico. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el director del penal intentó obstaculizar su atención médica. Volcanes fue excarcelado el 20 de mayo, en el marco del anuncio de la Asamblea Nacional chavista de liberar a 300 presos políticos. Esa misma información confirmó la destitución del director Robert Cabeza y el nombramiento de Macuare Guerrero, la figura que los reclusos señalan hoy como responsable de los abusos.

El 21 de mayo, el OVP informó que familiares esperaban desde las 5:00 de la madrugada bajo la lluvia frente al Injuba sin recibir información sobre la visita programada. La opacidad oficial se repitió sin respuesta.

El caso del Injuba no es excepcional: es parte de un patrón documentado. Entre abril y los primeros días de mayo, el OVP registró al menos 14 muertes bajo custodia estatal. El episodio más grave fue el motín del Centro Penitenciario Yare III, el 20 de abril, con cinco reclusos muertos. Dos semanas después, el Ministerio Penitenciario no había ofrecido cifras de heridos ni explicación alguna. La organización denunció que el hacinamiento, la falta de atención médica y los traslados arbitrarios agravan sistemáticamente las condiciones de reclusión en todo el país.

Venezuela arrastra un sistema penitenciario en colapso estructural. La violencia institucional y la ausencia de supervisión judicial han convertido los centros de reclusión en espacios donde la arbitrariedad opera sin contrapesos. A esa crisis histórica se añade hoy la presión política: el régimen de Delcy Rodríguez enfrenta exigencias crecientes de liberación de presos mientras el sistema interamericano documenta cada nuevo episodio de violencia carcelaria. La protesta del Injuba es, en ese marco, tanto un grito de reclusos ordinarios como el síntoma de un Estado que ha perdido el control de sus propias prisiones.